El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la red social X que el Consejo de Ministros desbloqueará este martes “los documentos del 23F”, cuando se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
La desclasificación hace referencia al fallido golpe protagonizado por los generales Jaime Milans del Bosch, Antonio Tejero y Alfonso Armada, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados y en las calles de Valencia.
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Sánchez ha realizado un escueto mensaje en X sin detallar la cantidad de documentación clasificada, las personas implicadas ni el alcance de la información que será publicada, más allá de la fecha prevista para su difusión.
El anuncio se produce mientras continúa bloqueada en el Congreso la tramitación del Proyecto de Ley de Información Clasificada, remitido a la Cámara Baja el 22 de julio tras su aprobación en Consejo de Ministros. La norma busca reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada durante la dictadura de Franco.
La reforma es una reclamación histórica del Partido Nacionalista Vasco. El dirigente Aitor Esteban, actual responsable del Euskadi Buru Batzar y exdiputado en el Congreso, llegó a bromear en su despedida parlamentaria con que abandonaba Madrid sin lograr esta demanda habitual al Ejecutivo.
El texto legislativo, de contenido similar al registrado por el PNV en anteriores legislaturas, establece la desclasificación de secretos oficiales a los 25 años, con una prórroga excepcional y motivada de diez años. Además, prevé que las materias calificadas como reservadas se desclasifiquen a los diez años.
De haber sido aprobada la ley, no sería necesaria la decisión puntual anunciada ahora por el Gobierno para liberar la documentación del intento de golpe militar, ocurrido tres años después de la llegada de la democracia.
En un seminario celebrado el pasado noviembre en una fundación vinculada al PNV, Esteban advirtió que el Ejecutivo no puede utilizar el bloqueo parlamentario de Junts como excusa para retrasar nuevamente la norma. “Ni PP ni PSOE saben con certeza cuál es la documentación clasificada y, más allá de eso, no quieren reformar la ley sin un acuerdo mutuo”, afirmó entonces.
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