El Gobierno de México formalizó 17 denuncias penales ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales de Estados Unidos por la muerte de igual número de connacionales ocurridas durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los casos como indignantes y afirmó que la administración federal agotará las vías legales para exigir el esclarecimiento de los hechos.
Durante su conferencia, la mandataria explicó que la decisión se tomó debido a que las notas diplomáticas enviadas previamente no dieron los resultados esperados. Por ello, el gobierno mexicano optó por recurrir a acciones legales y solicitar investigaciones que permitan determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, anunció que también se pedirá la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer el seguimiento internacional de estos casos.
Sheinbaum señaló que 14 de los mexicanos fallecieron en centros de detención migratoria y tres durante operativos del ICE, circunstancias que, afirmó, requieren una investigación imparcial y transparente. La presidenta sostuvo que defender a los connacionales en el extranjero constituye una obligación del Estado mexicano y subrayó que esta postura no busca generar un conflicto con Estados Unidos, sino garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Gobierno llama a cerrar filas en defensa de los migrantes
La titular del Ejecutivo hizo un llamado a las fuerzas políticas representadas en el Congreso para respaldar las acciones emprendidas por el gobierno federal y mantener una posición unificada en la defensa de los mexicanos que residen en el exterior. Indicó que la protección de los derechos de los migrantes debe estar por encima de las diferencias partidistas, especialmente cuando existen casos de fallecimientos que aún no han sido esclarecidos.
El Gobierno de México reiteró que continuará dando seguimiento a cada uno de los expedientes y colaborará con las autoridades estadounidenses para que las investigaciones avancen. La administración federal insistió en que las relaciones bilaterales con Estados Unidos no se verán afectadas por estas acciones legales, al considerar que exigir justicia y transparencia es compatible con el diálogo y la cooperación entre ambas naciones.
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