El Programa de Acción Diferida para los Llegados Durante la Infancia, mejor conocido como DACA fue reanudado por el gobierno del presidente Donald Trump, gracias a una orden judicial.
Pero los problemas legales de DACA y los “Dreamers” a quienes protege de la deportación no han llegado a su fin.
El futuro de la acción diferida está ahora en manos de un juez federal en Texas que la semana próxima considerará si invalidar el programa que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños.
El desafío programado para ser escuchado el próximo martes 22 de diciembre en Houston se refiere al memorando original del presidente Barack Obama de 2015 que creó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que actualmente cubre a unas 650,000 personas.
Ya los tribunales federales han rechazado los esfuerzos del presidente Donald Trump para poner fin a DACA.
Bajo orden de un juez en Nueva York, el gobierno de Trump se vio en la obligación de aceptar nuevas solicitudes y renovaciones completas de permisos de trabajo de dos años, además de las protecciones generales contra la deportación.
La orden del juez Nicholas Garaufis del viernes respaldó su decisión de noviembre de que Chad Wolf, secretario interino del DHS, no se había desempeñado legalmente cuando firmó las reglas que limitan las solicitudes y renovaciones para el programa.
TÉRMINOS ORIGINALES
Pero el caso de Houstonapunta directamente a los términos originales de DACA, no al esfuerzo de Trump por poner fin al programa.
Texas y otros ocho estados demandaron para terminar con DACA, argumentando que agota los recursos educativos y de salud del estado y viola la ley federal.
La demanda es liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, autor también del esfuerzo por revertir los resultados de las elecciones en cuatro estados de batalla, que fue desestimado el viernes por la Corte Suprema.
En contra de la demanda y a favor de DACA actuará una coalición de beneficiarios de DACA, representada por el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense, MALDEF.
“Este caso es un ataque a la legalidad subyacente de la propia DACA”, dijo Nina Perales, abogada de MALDEF a la agencia AP. “Este caso busca un fallo de que DACA es ilegal que obligaría a cualquier administración futura”.