El presidente de Nayib Bukele anunció una reforma constitucional en El Salvador que endurece su política de seguridad al establecer la prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas. La iniciativa fue aprobada rápidamente por el Congreso, con 59 votos a favor de 60 diputados.
La nueva normativa elimina la prohibición de las penas perpetuas en El Salvador, donde hasta ahora la condena máxima era de 60 años. Según autoridades, la medida busca garantizar que los criminales “no salgan a la calle y cumplan su pena para siempre”.
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El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la guerra contra las pandillas continuará sin tregua. Esta reforma se da en el contexto del régimen de excepción vigente desde hace casi cuatro años, bajo el cual han sido detenidas más de 91 mil 500 personas sin orden judicial.
El gobierno sostiene que su estrategia ha reducido los homicidios a mínimos históricos y ha debilitado a grupos como la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian violaciones a los derechos humanos en El Salvador, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
De acuerdo con el informe de World Prison Brief, el país centroamericano tiene la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con aproximadamente mil 700 presos por cada cien mil habitantes. Esto posiciona a El Salvador como referente regional en políticas de seguridad, aunque también en el centro de fuertes críticas internacionales.
Diversas voces jurídicas advierten que la reforma podría agravar la situación en los centros penales. La abogada Roxana Cardona alertó que estos podrían convertirse en “pozos humanos”, afectando incluso a personas inocentes procesadas en juicios masivos.
Además, juristas internacionales han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presuntos crímenes de lesa humanidad, señalando prácticas como tortura, violencia sexual y persecución contra críticos del gobierno.
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