A finales de noviembre de 2020 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación contra el centro educativo Juan Ruiz Cabañas por la violencia sexual cometida contra 10 niñas y cinco niños de entre cuatro y cinco años de edad, hasta el día de hoy esta continúa sin ser atendida por las autoridades de Jalisco.
La CNDH le solicitó al fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, indague por “negligencia y falta de probidad” a los funcionarios de su dependencia que, ante las denuncias, no realizaron la integración de las carpetas de investigación correspondientes.
La asociación civil Por Nuestros Niños, que ha dado seguimiento a este caso, calculó que la violencia sexual contra los menores del jardín de niños, ubicado en San Nicolás de Ibarra, municipio de Chapala, que se hizo pública desde 2017, al menos incluyó a 60 alumnos.
“La CNDH pidió al gobernador del estado (Enrique Alfaro) que haga la reparación integral del daño de las víctimas y de las personas ofendidas; que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aplique los protocolos para los casos de abuso sexual y se inicien las carpetas de investigación que de alguna manera no se ajustaron a los protocolos”, manifestó Gustavo Pimienta, asesor jurídico de la asociación.
Edith Gisela González regidora de Chapala, quien preside la comisión de derechos humanos en el ayuntamiento, expresó que a la fecha y ante la falta de respuesta y atención a las víctimas, aún hay niños que se lastiman a sí mismos.
“Vemos la descomposición social que pasa en Chapala, sitio turístico donde hay muchos casos de abuso sexual de niños por sus padrastros o padres, así como por denuncias de menores que vienen de pueblos como Mezcala a vender chayotes, quienes dicen que hay estadunidenses que se los llevan en sus automóviles, pero no lo hemos podido comprobar”, señalo.
María Antonieta Flores Astorga presidenta de la asociación Por Nuestros Niños, , afirmó que la recomendación de la CNDH demostró que los niños y padres que denunciaron los abusos, con fotografías y videos que les tomaron desnudos, tenían la razón.
“Los funcionarios no aplicaron la ley de protección infantil, ni a las madres ni a los infantes se les tomó con seriedad, pese a ser un delito muy grave”, afirmo.
Información: La Jornada.
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