SAN DIEGO.

California se ha convertido en la antítesis de la política de la administración del presidente Donald Trump.

Si el gobierno de Estados Unidos intenta desmantelar la reforma de salud, California lanza una iniciativa de salud universal; Trump retira al país del Acuerdo de París y California firma un acuerdo de protección ambiental con China.

Pero es en el tema de migración en el que California despliega una andanada de iniciativas para detener y proteger abiertamente a la comunidad indocumentada, calculada en cerca de tres millones de personas, más de la mitad de ellos mexicanos.

El presidente del Senado estatal, Kevin de León, dice que se trata de “defender los valores de California” y de aplicar justicia social.

Tras la elección de noviembre, cuando Trump resultó electo, California mantuvo una “supermayoría demócrata” en los puestos de gobernador, vicegobernador, en cada secretaría o departamento, y en los demás cargos de elección.

Los demócratas también son mayoría en el Senado (27 de 40 escaños) y en la Cámara baja (55 de 80), donde cuentan con suficientes votos para aprobar presupuestos e iniciativas prácticamente sin necesitar votos republicanos.

Varios hijos de inmigrantes mexicanos están a cargo de detener en California la implementación de las políticas de Trump, entre ellos el procurador general Xavier Becerra, de León, el senador Ricardo Lara, el presidente de la bancada latina, Ben Hueso, mientras que el presidente de la asamblea, Anthony Rendón, es nieto de mexicanos.

De León sostiene que la política de Trump se basa en “el miedo de los estadunidenses de raza blanca de dejar de ser la mayoría”, lo que ya sucedió en California desde la década pasada.

Opina que por esa razón la administración se basa en criminalizar a la comunidad inmigrante y, en segundo lugar, a los pobres en política interior, mientras que busca ventajas corporativas en la exterior.

La cruzada de defensa de los valores de California inició luego del triunfo de Trump y antes de que asumiera la Presidencia, el 20 de enero.

LEYES QUE PROTEGEN

Dos semanas antes que Trump llegara a la Casa Blanca, la legislatura de California lanzó un paquete de leyes para proteger a los inmigrantes, especialmente a los latinos y a los musulmanes, su blanco en la campaña electoral.

El paquete de leyes ofreció protección ante discriminación laboral por condición migratoria o creencias religiosas; también protección si patrones o empleados fallan en informar a autoridades la situación migratoria de los trabajadores, impide que se creen antecedentes a inmigrantes cuando se involucran en accidentes.

Otra propuesta dice que en la frontera de California sólo se construirá un muro que cueste más de mil millones de dólares a condición de que primero lo apruebe el electorado estatal en comicios regulares.

Avanza también una propuesta que impondrá multas a los patrones o gerentes que permitan que las autoridades de migración hagan redadas sin contar con una orden de cateo firmada por un juez.

Esa iniciativa ayudaría a California a prevenir deportaciones masivas cuando Trump cumpla su promesa de contratar 15 mil nuevos oficiales de migración, diez mil de ellos para la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargada de las redadas.

Otra iniciativa busca financiar asesoría legal y en algunos casos defensa legal de migrantes detenidos y en proceso de deportación.

De León lanzó una iniciativa llamada el Acta de los Valores de California, con la que va más directamente contra las políticas de Trump, pero al mismo tiempo destaca la importancia de la comunidad inmigrante e indocumentada en la economía estatal.

Para millones de residentes indocumentados, el estado de California será su muro de justicia, en caso de que la administración entrante adopte una política de deportación masiva inhumana y excesiva”, dijo De León.

Aseguró que en California “no nos quedaremos de brazos cruzados, ni dejaremos que el gobierno federal utilice nuestras agencias estatales y locales para separar a las madres de sus hijos”.

ESTADO SANTUARIO

En una consideración totalmente opuesta a la ley que recientemente aprobó Texas, el Acta de los Valores sostiene que “California es un estado donde todos son bienvenidos. Las escuelas públicas, hospitales y tribunales no serán utilizados por el régimen Trump para deportar a nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros de clase ni compañeros de trabajo”.

La iniciativa establece sanciones para los agentes que colaboren de cualquier forma con oficiales de migración sin órdenes de cateo.

La SB54 no sólo promueve las ciudades santuario que Trump trata de prohibir, sino que, de aprobarse la propuesta, convertirá a California en el primer estado santuario, con todas sus 482 ciudades.

La propuesta impide que “los agentes federales de ICE utilicen los fondos estatales y locales, bancos de datos, personal o instalaciones, para ayudar a deportar a las mismas familias que contribuyen tanto a nuestra economía y comunidad”.

Con cerca de 40 millones de residentes, California es la sexta economía mundial, si se le considera separada del resto de Estados Unidos; el Producto Interno Bruto (PIB) de California es superior al de Francia y ligeramente superior al de Inglaterra.

De León sostiene que esa fortaleza económica se debe en buena parte a la comunidad inmigrante.

La agricultura, que se traduce en más de 47 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con cifras estatales oficiales, descansa en manos mexicanas en más de 90%, la mitad indocumentadas; y el resto son centroamericanos y en menor número filipinos.

El Departamento de Finanzas calcula que 10% de toda la fuerza laboral de California es indocumentada, es decir, por lo menos tres millones de trabajadores, muchos de ellos padres de menores indocumentados.

Los indocumentados aportan 180 mil millones de dólares anuales al PIB de California, de acuerdo con la misma institución.

Los migrantes aportan al Seguro Social unos 13 mil millones de dólares anuales y reciben beneficios por aproximadamente mil millones en el mismo periodo.

Tan sólo en impuestos de ventas al menudeo, los indocumentados aportan tres mil millones de dólares anuales.

Y es que en California vive por lo menos uno de cada cuatro indocumentados en el país.

Fuera del ámbito de la migración, California también se perfila como vanguardsta en la protección al medio ambiente.

Horas antes de que Trump anunciara el retiro del Acuerdo de París, la legislatura de California reafirmó el propósito de que el estado consuma 100% de energía renovable para el año 2026.

La iniciativa SB100 considera acelerar la generación eólica, solar y geotérmica, y que el estado consuma completamente energía libre de fósiles cuatro años antes de lo que California se había propuesto como meta más ambiciosa en el país.

La semana pasada, el gobernador Jerry Brown acordó con el presidente de China, Xi Jinping, una alianza para combatir la contaminación  y el calentamiento global.

Es otro golpe de California, que desde hace décadas encabeza el movimiento contra el calentamiento en Estados Unidos.

El acuerdo es totalmente opuesto a la política ambiental de Trump, basada en que el presidente opina que el calentamiento global es un tema propagandístico chino.

Tan sólo el viernes pasado, mientras el Congreso federal dominado por republicanos nuevamente debatía el desmantelamiento de la reforma de Salud conocida como Obamacare, el Senado de California aprobó una propuesta que podría llevar al estado a ser el primero con un sistema universal de salud, parecido al de Canadá.