Después de 35 asesinatos en lo que va del sexenio, las entrañas de las autoridades investigadoras se mantienen impávidas. Se percibe poca capacidad para detener a los asesinos y frenar la ola de violencia en contra del gremio periodístico. En lo que va del año, en Chihuahua, Guerrero, Veracruz y Baja California Sur, fueron también abatidos Miroslava Breach, Cecilio Pineda, Ricardo Manlio, Maximino Rodríguez y los autores tampoco han sido capturados. Esto habla de un fenómeno de violencia contra periodistas e impunidad que campea en todos los rincones del país.

Después del asesinato de Valdez Cárdenas, el Presidente de México y otros funcionarios, hicieron declaraciones airadas una vez más. Dijeron que pondrán remedio a la situación que vive esa comunidad desde hace muchas décadas y lo único que lograron transmitir es que sólo se reacciona para aparecer ante los reflectores, sin mapa de ruta ni propuesta clara sobre cómo enfrentar el problema.

Los periodistas no creen en palabras que parecen meras promesas. Se han convertido, por su quehacer, en enemigos de los que mandan, por denunciar públicamente lo malo que estos hacen; por divulgar la manera en que los integrantes de la élite en el poder consienten o conviven con la actividad delictiva.

Si los muertos, los desaparecidos y las fosas se han multiplicado a lo largo del sexenio, las amenazas se han extendido de manera alarmante. ¿Por qué deberían creer en discursos, que más bien parecen reacciones de coyuntura sin compromiso real alguno?

Los periodistas ven con frustración que pese a publicar en periódicos y noticiarios los crímenes que a diario se cometen en el país, no existe autoridad que los investigue, porque no existe ni voluntad ni capacidad institucional ni profesionalismo para atender los casos.

Ya pasaron muchos años de que la Unesco reconoció que la actividad más peligrosa del mundo, es la de periodista. En este quehacer no se cuenta más que con un bolígrafo para recoger hechos y opiniones que se plasman en el papel o que se dicen en la radio y la televisión. Eso basta para que muchos se sientan incomodados, aludidos, y paguen a un sicario, para que éste asesine al autor.

Con la muerte de Javier Valdez y de los 107 hombres y mujeres que del 2000 a la fecha le antecedieron en la misma ruta, han asesinado también una parte importante de nuestra democracia. Las cifras mexicanas de las últimas dos décadas han reforzado el miedo de ejercer la libertad de expresión, como si se llevara en la camisa el emblema del tiro al blanco.

Las sociedades de periodistas aconsejan a los directores de medios proteger lo mejor posible a sus reporteros. Pero sin el acompañamiento claro y contundente del Estado, esto es insuficiente. tan sólo en lo que va de este sexenio han agredido a casi 800.

Javier Valdez dijo en una entrevista: “No somos reporteros de la mordaza. El gobierno quiere relacionar todo con el narco, porque es una forma de enterrarlo, de extender el manto de impunidad. Qué cómplices tiene adentro y afuera del gobierno. Es importante toda esta información para saber qué vas a publicar y qué no vas a publicar. Tenemos que aprender a jugar en esos niveles de peligro. A jugar ese juego macabro para seguir publicando, por lo menos, una parte de lo que ocurre”.

Más allá de las débiles expresiones de solidaridad, y la convocatoria coyuntural para buscar la coordinación institucional entre órdenes de gobierno, el Presidente debería hacer una amplia convocatoria a medios, periodistas y autoridades para definir y articular una verdadera política de Estado que involucre todos los instrumentos institucionales necesarios para garantizar el derecho a la libertad de expresión y la protección de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

Cómo hijo de periodista que soy, estoy consternado. De la vida de cada uno de nuestros periodistas depende la libertad del país en que queremos vivir. Nuestra democracia está en juego.