Demasiado tarde

Para no variar, el Estado y sus instituciones llegan tarde a tratar de imponer la ley en aquellos espacios donde desde hace años está ausente el Estado de derecho, ya sea por ineptitud o colusión de las autoridades con las bandas criminales, tan de moda hoy día en las tareas de gobierno.

Apenas hace unos días, el titular del Ejecutivo anunció la llegada de dos mil soldados del Ejército mexicano al llamado Triángulo Rojo, en Puebla, para combatir a las bandas criminales dedicadas al robo de combustible, conocidas como huachicoleros, y que provocan al año pérdidas millonarias al país, tras los enfrentamientos de los últimos días en los que murieron cuatro elementos de las Fuerzas Armadas.

En los últimos 12 años las bandas criminales dedicadas a “ordeñar” las tuberías de Pemex, cuyo origen, se sabe, está en el narcotráfico, se han fortalecido ante la ausencia del Estado y la corrupción imperante entre empleados y directivos de Pemex y líderes de la delincuencia que se han apoderado de varias regiones del territorio nacional, principalmente de aquellas  donde pasan los ductos que van de Minatitlán hasta la Ciudad de México y que atraviesan: Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la capital del país. Sin embargo, la zona más conflictiva y donde más robo de combustible se registra es en el Triángulo Rojo, que comprende siete municipios poblanos: Tepeaca, Palmar de Bravo (donde su presidente municipal, Pablo Morales Ugalde, es investigado por estar presuntamente vinculado a los criminales), Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco. Recientemente, Palmarito se ha sumado a la lista de regiones bajo el control de los delincuentes.

Pero este delito no es nuevo. Seis ataques con armas de grueso calibre de huachicoleros contra elementos de infantería del Ejército mexicano se tienen registrados de enero a la fecha, en dos municipios del estado de Puebla. Informes de la Sedena señalan que los municipios de Palmar de Bravo y Palmarito son los de mayor incidencia delictiva en el robo de combustible y secuestro, además de que son los ayuntamientos donde más ataques a células militares se han dado en los cinco meses del año en curso. De acuerdo con investigaciones que realiza el área de inteligencia militar, con apoyo de la División Científica de la Policía Federal, en el llamado Triángulo Rojo se ubica la presencia del cártel de Los Zetas, a través de un brazo armado. Hasta el momento, no tienen un número exacto de los integrantes de la organización delictiva denominada Los Buchanans, que encabeza Lalo el Buchanans, quien trabaja directamente para Los Zetas. Esta organización criminal controla el robo de hidrocarburo en la zona, además de otros estados como Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca. Por medio de las detenciones de huachicoleros se ha logrado el aseguramiento de rifles automáticos R-15, pistolas calibre .38 y camionetas blindadas que utilizan para cometer este delito. Sobre los ataques a células militares, los informes de la Sedena del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2014 reportaron sólo dos ataques. Sin embargo, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, se tienen registrados cuatro ataques con armas de grueso calibre a elementos castrenses, dos agresiones por año. El registro en los cinco meses que han transcurrido de 2017 señala que los ataques se triplicaron en los primeros cinco meses, al sufrir seis ataques de civiles armados a diversas células de elementos de infantería del Ejército mexicano, que realiza reconocimientos terrestres en los municipios de Palmar de Bravo y Palmarito. Ejemplo de cómo los “huecos” que no llena el Estado los ocupan quienes viven de transgredir la ley.