Juez vincula a proceso a tres por portación de armas de fuego

México.- El Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán dictó auto de vinculación a proceso a tres sujetos por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los imputados son Roberto Nájera Gutiérrez, Miguel Ángel Rodríguez Ramírez y Romeo Orantes Gómez, cuya detención y retención ministerial se calificó de válida en la primera fase de la audiencia inicial. Luego la fiscalía federal procedió a formular imputación y los tres individuos declararon respecto a los hechos delictuosos que se les atribuyen. Al no acogerse al plazo constitucional para resolver su situación jurídica en esa audiencia se dictó auto de vinculación a proceso contra los imputados por los delitos señalados. Se estableció que los tres tuvieron dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad dos pistolas semiautomáticas calibre nueve milímetros, un fusil calibre 7.62 por 39 milímetros y una carabina calibre .223 (5.56 milímetros). En tanto Roberto Nájera Gutiérrez tenía consigo una pistola semiautomática calibre .45. En los términos de los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los delitos atribuidos no corresponden a la prisión preventiva oficiosa, por lo que se resolvió lo concerniente a medidas cautelares. La autoridad judicial impuso sólo a Romeo Orantes Gómez como medida cautelar la prisión preventiva, que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social de Yucatán, al quedar demostrado un riesgo máximo de sustracción a la acción de la justicia, dada su falta de arraigo no sólo en la entidad federativa sino en el país. En tanto a Roberto Nájera Gutiérrez se le impuso la presentación periódica, tres veces por semana, ante la fiscalía federal, una garantía económica por 500 mil pesos y la prohibición de salir de esta entidad federativa y del país. A Miguel Ángel Rodríguez Ramírez le ordenó la presentación periódica de dos veces por semana ante la presidencia municipal de Tizimín, Yucatán, una garantía económica por 200 mil pesos y la prohibición de salir de esta entidad federativa y del país. El juez federal fijó un plazo de tres meses para la culminación de la investigación complementaria. Notimex