'Ilegal', uso de software espía

El gobierno de Durango, al igual que otros gobiernos estatales en México, compró un software espía que no tiene permiso para utilizar y que pone en riesgo los derechos humanos y el debido proceso, concluye un informe de la organización chilena Derechos Digitales publicado ayer lunes.

Como informó oportunamente El Siglo de Torreón, en julio de 2015 una filtración de WikiLeaks reveló que México era el principal cliente de la empresa italiana, tras haber realizado compras por 5 millones 808 mil euros.

El informe detalla que dependencias de los gobiernos del Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco, Baja California y Petróleos Mexicanos compraron programas para extraer datos de celulares, tabletas y computadoras sin tener facultades constitucionales.

El Estado de Durango compró licencias de los programas de espionaje por 421,000 euros, teniendo como intermediaria a la empresa Elite. A pesar de las pruebas, el gobierno estatal ha negado haber contratado tales servicios.

Tras un análisis legal de ocho meses, Derechos Digitales concluyó que Durango no tiene permiso constitucional para usar el programa de espionaje, luego de comprobarse que la compra ocurrió a través de la “oficina del gobernador”, según la filtración de WikiLeaks.

La legislación mexicana establece que sólo la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Federal y las procuradurías estatales pueden solicitar intervención de comunicaciones.

El estudio Malware para la vigilancia en América Latina, disponible en el sitio www.derechosdigitales.org, sostiene que es preocupante el uso de los programas de espionaje fuera de las actividades de seguridad, porque se abre la puerta a abusos y violación de derechos humanos.

Se documentó que los programas de espionaje se han utilizado con fines políticos; por ejemplo, en el estado de Puebla (donde la compra también fue para “la oficina del gobernador”) las filtraciones documentan el seguimiento de comunicaciones de periodistas y políticos de oposición.

“Considerando la relación cercana que nuestra región tiene con el autoritarismo, es especialmente preocupante que las autoridades cuenten con herramientas de este tipo”, dice el informe de Derechos Digitales.

Hacking Team creó los programas Da Vinci y Galileo que sirven para infectar teléfonos, computadoras y tabletas para extraer todo tipo de datos, desde fotos y videos, hasta contraseñas y escucha de llamadas telefónicas.

Los programas Galileo y Da Vinci sirven para conocer llamadas telefónicas, mensajes de texto y de cualquier aplicación tipo chat, contraseñas, fotografías, localización en tiempo real, control de cámaras y micrófonos de cualquier dispositivo electrónico.

El documento de Derechos Digitales sostiene que la potencia del software pone en peligro los derechos humanos y al debido proceso, ya que la ciudadanía no tiene forma de saber si las autoridades hacen buen uso de los programas.

Hacking Team “tiene acceso a prácticamente todo, lo cual abre la puerta a todo tipo de abusos”, dice el documento.