Lo que indigna más ya no es la corrupción de nuestros políticos, sino su cinismo. Cuando los casos de corrupción escandalosa alcanzan ya a ocho gobernadores del país y es un clamor generalizado poner fin a la impunidad, nuestros diputados federales se asignan otra vez una partida especial de nueve mil millones de pesos para repartirse entre ellos mismos –500 zánganos en total–, a razón de 18 millones para cada uno, que decidirá por la libre su entrega a estados y municipios afines a través de los célebres moches.

Eso se suma a otro fondo que atiende la gestión de los diputados y las solicitudes de gobernadores y alcaldes, el llamado Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, al que se le asignaron casi 17 mil millones de pesos. Es decir, nuestros diligentes legisladores repartirán entre sus amigos un total superior a los 26 mil millones de pesos… A cambio por supuesto de la respectiva “comisión”, que no es otra cosa que una jugosa mordida.

Y en el marco de un recorte presupuestal obligado por las circunstancias económicas locales e internacionales, cuando se nos pide “apretarnos el cinturón” para enfrentar la contingencia y se nos advierte que será irremediable asumir tiempos de austeridad, nos enteramos por SinEmbargo que por parte del Ejecutivo hay un derroche anual de nueve mil millones de pesos en gasto publicitario, que no es otra cosa que el reparto de chayos institucionales entre determinados medios de comunicación e informadores afines al Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La organización Fundar informó que ese gasto ejercido en publicidad por el Gobierno de la República durante 2015, equivalente al costo del programa IMSS Prospera. Es también nueve veces superior al asignado a las Escuelas de Calidad y 248 veces más que la asignación oficial el programa de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Y precisó que en lo que va de la presente administración se han gastado en ese rubro un total de 24 mil millones de pesos.

Fundar advirtió, asimismo, que la opacidad en esta materia refuerza la crisis de legitimidad de las instituciones públicas y nutren una relación viciada y perversa entre medios y gobiernos, que impacta sobre la independencia de los propios medios y la calidad de la información que los ciudadanos recibimos.

Esos montos de escándalo, adicionales a los tiempos oficiales de que dispone el Gobierno en radio y televisión, son distribuidos de manera discrecional, sin mediar una normatividad confiable, y en función de criterios de “premios y castigos” hacia los medios y comunicadores y no en función de su penetración e importancia. Obviamente, las principales beneficiarias de este despilfarro son las empresas televisoras. Y a menudo, para colmo, son utilizados sin recato alguno para fines de promoción personal, lo cual supuestamente está prohibido por la ley.

En el tema de los reincidentes moches, los diputados federales perredistas Agustín Basave Benítez y Waldo Fernández González anunciaron que ante su instauración “inevitable” preparan una iniciativa de reforma con la que buscan regular y transparentar las partidas del presupuesto federal que asignan de manera opaca y discrecional. Algo es algo. Los legisladores coincidieron en que el mecanismo para asignar recursos de fondos que han sido vinculados al cobro de moches no es el correcto, pues representa un instrumento de control del Gobierno federal que difícilmente podría eliminarse. “Sería prácticamente imposible quitarlo y, en virtud de ello, pensamos que si ya está ahí y si se va a volver a dar, pues que por lo menos lo regulemos y establezcamos una serie de lineamientos para que esos fondos se asignen con transparencia y con pertinencia”, dijo Basave Benítez, ex dirigente nacional del PRD. Ver para creer.

Las declaraciones sobre la urgencia de una lucha frontal contra la corrupción por parte de los dirigentes del PRI y el PAN, por su parte, suenan a burla. Lejos de mostrar una actitud coherente ante la repetición de los cochupos, sus respectivas bancadas aprobaron felices el llamado Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), el cual está vinculado precisamente con los moches. A la hora de beneficiarse personalmente de recursos públicos extras, adicionales a sus dietas, bonos, comisiones, aguinaldos y demás prebendas, todos se hacen como el Tío Lolo.

Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, aseguró cínicamente en septiembre pasado que su partido “vigilará y castigará” a los diputados federales que gestionen recursos para el cobro de moches en la distribución del presupuesto. Aseguró que ya existen reglas claras para el reparto del gasto y para su revisión por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o las contralorías locales. “Vamos a denunciar, fiscalizar y castigar a todos aquellos legisladores a quienes, a pesar de las nuevas reglas, traten de lograr un beneficio económico personal, a través de la gestión de recursos públicos”, aseguró el dirigente. Sí cómo no.

En el caso del PAN, el Senador Ernesto Ruffo advirtió hace un par de meses que en el tema de los moches la Comisión Anticorrupción del PAN, de la que es integrante, tiene mucho trabajo por hacer, “porque la cola es larga”. Confirmó que en varios de los expedientes de denuncia sí aparece el nombre de diputados de la legislatura anterior, como los del ex coordinador parlamentario Luis Alberto Villarreal García y el ex vicecoordinador Jorge Villalobos Seáñez. Sin embargo, nada ha ocurrido en el partido que preside el queretano Ricardo Anaya Cortés. Los diputados panistas aprobaron muertos de risa la nueva repartición millonaria. Y Villareal García busca ahora ser candidato del PAN a la gubernatura de Guanajuato. “Soy el mejor”, presume. Es el cinismo.

Y agárrense: Los diputados federales tendrán un “premio” adicional este fin de año. Según información de Excélsior, además de su aguinaldo de 140 mil 504 pesos, cada uno de los 500 legisladores tiene derecho a 67 mil 515 pesos ¡”por atender a la ciudadanía!” (sic). Dicho bono es independiente de otros ingresos que perciben, como su dieta de 73 mil 817.10 pesos netos mensuales, los 45 mil 786 pesos al mes por asistencia legislativa y los 28 mil 772 pesos mensuales por atención ciudadana. Válgame.

Fuente: sinembargo.mx / Foto: Cuartoscuro.0

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