Con la lamentable elección y el triunfo del impresentable señor Trump, que ha acaparado las noticias y comentarios, no sólo aquí sino en todo el mundo, ha pasado casi inadvertida la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2017, el cual impactará negativamente varios sectores, como el educativo.

Los responsables de las secretarías de Estado y de las empresas públicas han declarado a los medios de comunicación que, a pesar de los recortes, están garantizados los proyectos centrales de sus dependencias o que el recorte no afectará a programas sustantivos, pero sí los modificará, entre otras declaraciones del mismo tenor. Quizás a partir de ahora, en los próximos presupuestos habría que hacer distinciones entre programas centrales, programas sustantivos, programas adjetivos y simples programas, para que todos comprendiéramos que, aunque el presupuesto sea ajustado, seguirá habiendo programas que fácilmente pueden dejarse de lado, por no ser importantes.

En un artículo publicado la semana pasada, el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados manifestó, muy contento, que en “un acto de responsabilidad, realidad y equidad fiscal, se propuso un ajuste en el gasto del gobierno federal por 1.2 por ciento del PIB para 2017, sin afectar a la inversión de alto impacto social y económico”, agregando que el sector educativo sí fue ajustado y que entendía la inquietud de la comunidad científica. Más adelante, al hablar de los recursos del Conacyt, le echó porras a este gobierno por el gran apoyo que ha dado a la ciencia, sin hacer mención del recorte de más de 23 por ciento para el año próximo.

De lo escrito por el diputado presidente queda la impresión de no tener mucha idea de lo que es el sector educativo y no entiende que también es una inversión y no un gasto, pues afirma que no se afectó la inversión de alto impacto social; y ¿qué, la educación no es de alto impacto social?

La realidad es que los diputados no hicieron el menor caso a las peticiones de más de 600 científicos que están en los diversos centros educativos para que no se recortara el presupuesto del Conacyt, ni tampoco al llamado de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), en el cual manifestó su preocupación por los recortes al sector educativo y pidió que no se aplicaran.

Lo más que se logró fue que se asignaran 600 millones del paquete de reasignaciones que hicieron los miembros de la Comisión para el Fondo de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, fondo que se había otorgado otros años y que en la propuesta del gobierno para 2017 aparecía en ceros. Para este año se autorizaron dos mil 713 millones de pesos, destinados a ir desactivando la bomba latente de las pensiones en dichas universidades.

El gobierno y ahora la mayoría de los diputados siguen sin entender que, sin apoyos crecientes a la educación, la pobreza y la desigualdad crecerán en el país y los ninis, que según el último reporte de la OCDE representan uno de cada cinco jóvenes en nuestro continente, también aumentarán.

En una entrevista de principios de mes al señor Dirk Van Damme, jefe de la División de Educación en la OCDE, organismo tan caro en muchos sentidos a este gobierno, declaró que es “una situación de riesgo para el país el recorte a la educación superior anunciado para el próximo año” y agregó que “reducir la inversión en el futuro y en los profesionales del futuro es una situación de riesgo”.

Con la actual política económica, basada en el fundamentalismo neoliberal y aplicada en los últimos decenios por una sola escuela de pensamiento económico, no se ha logrado hacer que nuestro país crezca y se desarrolle, y el sector educativo y los jóvenes lo están resintiendo cada día más.

Aprovechando la mala hora del triunfo del señor Trump, que va a cambiar muchos paradigmas, nuestro gobierno también podría revisar el económico y social que no ha dado el resultado en la mejora de las condiciones de vida de la mayoría.