La Suprema Corte ordenó suspender de manera definitiva el servicio en el Tramo 5 del Tren Maya, que conecta Cancún con Tulum. Esta decisión judicial marca un antes y un después en la disputa ambiental y social que rodea al proyecto.
El Tribunal Colegiado emitió una suspensión definitiva que obliga a las autoridades a implementar acciones inmediatas de verificación, inspección, conservación y resguardo en las obras del Tramo 5. La orden está dirigida principalmente a la Subprocuraduría de Recursos Naturales y a la Dirección General de Delitos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
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Impacto ambiental y falta de transparencia
El Tren Maya, proyecto emblemático para impulsar el turismo en el sureste mexicano, ha generado un impacto ambiental significativo. La construcción ha afectado la selva de la península de Yucatán, contaminado cenotes y fragmentado ecosistemas locales, daños reconocidos incluso por el Gobierno Federal en este tramo.
Además, persiste la incertidumbre sobre los programas de restauración ambiental, ya que no se han divulgado avances ni se ha confirmado si las medidas cumplen con las normativas nacionales e internacionales.
Sentencia internacional y derechos de los pueblos mayas
En un contexto más amplio, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió a finales de 2025 una sentencia histórica que considera que el Tren Maya cometió ecocidio y etnocidio. Este fallo responsabiliza al Estado mexicano por violar los derechos fundamentales de la naturaleza y de los pueblos mayas peninsulares.
La resolución fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Alicia Bárcena, subrayando la necesidad de que las autoridades ambientales actúen con rapidez y eficacia para proteger los derechos y el entorno afectados.
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