Estados Unidos ha iniciado una investigación criminal contra los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
Según reportan Puente News Collaborative y Los Angeles Times, Alfonso Durazo, de 71 años, es uno de los funcionarios de mayor perfil bajo investigación. La visa del gobernador fue cancelada el año pasado debido a sospechas de vínculos con el crimen organizado.
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Durazo, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, continúa viajando a Estados Unidos para recibir atención médica mediante un programa especial conocido como Significant Public Benefit Parole.
Este programa permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para reducir consecuencias legales propias o de terceros. Fuentes indicaron que la oficina de Durazo no respondió a solicitudes de comentario sobre el caso.
Investigación y postura sobre Américo Villarreal
La pesquisa contra Américo Villarreal está relacionada con el huachicol, es decir, el robo y tráfico ilegal de combustible. Villarreal también cuenta con un parole Significant Public Benefit y suele ser escoltado por oficiales estadounidenses cuando cruza la frontera. El gobernador negó categóricamente las acusaciones en su contra.
Contexto y reacciones oficiales
En un caso similar, un gran jurado en Nueva York emitió una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que motivó una solicitud de extradición. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó esa investigación como una campaña de difamación con motivaciones políticas contra el gobierno de izquierda.
Además, durante una reunión en mayo con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, Sheinbaum advirtió que cualquier acusación adicional contra líderes electos sería considerada una interferencia política en asuntos mexicanos.
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