Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
Sinaloa: finanzas con memoria
Las finanzas públicas no son una abstracción técnica ni un juego de balances para especialistas. Son, en el fondo, la radiografía moral de un gobierno. Revelan prioridades, exhiben renuncias y, sobre todo, muestran hasta dónde alcanza la voluntad política cuando se gobierna sobre los escombros que dejaron otros.
La comparecencia del secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Joaquín Alberto Landeros Guicho, ante el Congreso del Estado, en el marco del Cuarto Informe del gobernador Rubén Rocha Moya, deja una narrativa clara: este gobierno ha intentado administrar con orden un estado que no recibió ordenado. Y esa diferencia —aunque incómoda para la propaganda— es crucial para entender el presente y proyectar el futuro.
Los números presentados hablan de disciplina, transparencia y una orientación social del gasto. Pero también hablan de una verdad menos cómoda: buena parte del esfuerzo financiero actual no se destina a construir, sino a reparar. A pagar deudas invisibles, laudos olvidados, obligaciones fiscales ocultas y compromisos laborales que nunca se registraron con honestidad en los gobiernos anteriores. Gobernar, en este contexto, no ha sido avanzar; ha sido primero detener la hemorragia.
Que una administración tenga que destinar más de 8 mil 967 millones de pesos para cubrir adeudos heredados no es una medalla al mérito del pasado, sino un acta de acusación contra quienes administraron el erario como si fuera un botín. Cada peso usado para saldar esos pendientes es un peso que no llegó antes a escuelas, hospitales o seguridad. Ese es el verdadero costo político y social de la irresponsabilidad histórica.
Y aun así, el actual gobierno decidió no usar la herencia como excusa paralizante. El énfasis en programas sociales —pensiones universales para personas con discapacidad, Bienpesca, uniformes y útiles escolares, desayunos escolares, apoyo a microempresarios, basificación en salud, respaldo a universidades— muestra una decisión clara: que el ajuste no lo paguen los de abajo. Que la austeridad no sea sinónimo de abandono.
Sin embargo, aquí aparece la autocrítica necesaria. Porque administrar con honestidad no basta cuando la conversación pública sigue dominada por la percepción de crisis. Movimiento Ciudadano lo dijo con claridad: las familias escuchan “créditos”, “deuda”, “problemas financieros”, y la confianza se erosiona. La transparencia no solo debe existir; debe explicarse mejor. El dato frío no vence al rumor si no se convierte en relato comprensible. Hay avances reales: Sinaloa está entre los estados con menor deuda por habitante, mejoró su posición en presupuesto basado en resultados, cumple al 100% con indicadores clave y no arrastra observaciones pendientes en auditorías. Pero el reto político es mayor: convencer a una sociedad cansada de promesas rotas de que, esta vez, el orden sí tiene rostro humano y futuro sostenible.
GOTITAS DE AGUA:
El verdadero dilema no es si este gobierno ha manejado bien las finanzas. La pregunta de fondo es otra: ¿alcanzará este sexenio para romper definitivamente la lógica de administrar crisis heredadas? ¿O el siguiente volverá a descubrir, con sorpresa fingida, una nueva capa de desorden enterrado? La buena intención ya está puesta. Ahora, el desafío es convertirla en legado: dejar finanzas sanas que no necesitan discursos defensivos, sino continuidad responsable. Porque gobernar bien no es solo corregir el pasado, sino impedir que el futuro vuelva a pagar las mismas facturas. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos el lunes”…
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