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Una Comisión Ambiental Megaambrosiana

11 de Abril de 2016

Entre 1982 y 2003, el número de automóviles registrados en la Ciudad de México se mantuvo abajo de los dos millones. De 2003 a 2013 se duplicó a cuatro millones de autos, pese a que desde 1985 la Ciudad de México dejó de crecer e incluso perdió habitantes. Hoy hay cinco millones de autos sin contar los registrados fraudulentamente en el estado de Morelos y las decenas de miles que entran y salen desde la zona conurbada. En la Zona Metropolitana del Valle de México circulan cerca de ocho millones de autos.

Pensándolo fríamente, olvidándonos de que somos miembros distinguidos de la banda del automóvil, se puede concluir que el auto para uso individual representa una inversión social desproporcionada de acero, vidrio, maquinaria, plástico, electrónica, etc., para el desplazamiento de una persona. A esto debemos sumar los espacios para estacionamientos, talleres, exhibición para venta, etc., que surgen en torno a la cultura del automóvil para uso individual. En contraste, iniciativas como el Metrobús representan una declaración de prioridades más racional. El mejor carril, con las mejores condiciones de acceso, velocidad y traslado, es para el transporte colectivo, es decir, acero, vidrio, hule, electrónica, motor, frenos, estaciones para el acceso, etc., para el transporte de muchos seres humanos. El estrechamiento de carriles, que genera el “robo” del carril para el Metrobús, incentiva mayor cuidado en los automovilistas, la sensación de saturación de la vía y, por tanto, la invitación a dejar el auto en casa.

Del 100% del transporte masivo eficiente: Metrobús, Metro, trolebús eléctrico, autobuses cero emisiones, tren ligero, Mexibús (de la zona metropolitana del Valle de México) y estaciones de bicicletas, la Ciudad de México aporta 80%. Cada mañana, se inicia una de las migraciones laborales más gigantescas del planeta: cuatro millones de ciudadanos atraviesan los límites de la Ciudad de México en transporte público y privado y se dirigen a sus trabajos. Para dar un ejemplo, encuestas han demostrado que 40% de los usuarios del Metro provienen, sobre todo, del Estado de México.

En 2014, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó la nueva Ley de Movilidad que pone de cabeza las antiguas prioridades que privilegiaban el uso del automóvil. En la nueva ley, el peatón es el número uno de las prioridades y el automóvil para uso individual ocupa el último lugar. Pero, ¿cómo alinear las inversiones y decisiones de planeación urbana a este nuevo paradigma, cuando la Ciudad de México afecta y es afectada por las decisiones de alcaldes y gobernadores de la zona metropolitana y de la misma Megalópolis?

La  reforma del artículo 122 constitucional, concluida el 29 de enero pasado, establece en su apartado C la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley de coordinación metropolitana, así como establecer las bases para la formación y funcionamiento de una entidad de coordinación que permita la planeación de infraestructura de transporte y urbana  con carácter  genuinamente  metropolitano. La  reciente contingencia ambiental que afectó a la Megalópolis demostró el carácter “ambrosiano”  de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Me refiero al dicho aquel que habla de la carabina de Ambrosio como epítome de inutilidad. No se trata de los funcionarios que la conforman, sino de un diseño institucional deficiente. Las decisiones que se toman en su seno no son jurídicamente vinculantes. Las acatan las entidades que por sus leyes, prioridades o sentido responsabilidad lo tienen que hacer. Pero otras entidades responsables también de la saturación vial y de la contaminación ignoran cómodamente las medidas que acaban y esperan que las apliquen sólo sus vecinos. Esa nueva ley, con un diseño institucional acorde al carácter de la Megalópolis, es responsabilidad del Congreso y debe poner fin a medidas y decisiones parciales para una problemática compleja que no reconoce límites territoriales de un mapa.

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog


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