La fiscalización superior es crucial para hacer frente al cambio climático, especialmente para los países insulares que son los más vulnerables a este fenómeno y corren el riesgo de perder sus naciones enteras.
El cuidado del medio ambiente ahora se considera un asunto de derechos, además de ser responsabilidad de todos los seres humanos, sin importar la edad, identidad o nacionalidad. Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en la Ciudad de Dubái, Emiratos Árabes. El cambio climático representa una amenaza para naciones enteras, especialmente para los países insulares que son más vulnerables a este fenómeno. Los impactos del cambio climático se han manifestado en forma de huracanes más intensos, sequías prolongadas y la desaparición de glaciares.
El objetivo de la reunión fue encontrar una manera de reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. La temperatura global ha aumentado como nunca antes, por lo que es necesario reducir la temperatura en 1.5 grados para evitar un desastre ambiental. Durante la COP, se reveló que la inversión en actividades perjudiciales para el medio ambiente es 140 veces mayor que la inversión privada en soluciones ecológicas.
El cambio climático ha sido científicamente demostrado y tiene diversas repercusiones, como la desertificación, tormentas más intensas y la pérdida de biodiversidad en los países. Los Estados insulares son especialmente vulnerables, ya que su existencia física está en riesgo debido al aumento de los niveles del mar. Por tanto, es urgente que los gobiernos, científicos, sociedad en general y organismos de control busquen maneras de mitigar y adaptarse al cambio climático.
En el campo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), hemos llevado a cabo reuniones de formación con el objetivo de mejorar nuestros conocimientos sobre las acciones relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático. Por ejemplo, los días 23, 24 y 35 de octubre pasados, la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) organizó un taller para discutir el papel de las EFS en el fortalecimiento de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis climática. Durante este evento, también se realizó un seguimiento al proyecto ClimateScanner.
El propósito principal de este proyecto es desarrollar una metodología para evaluar de manera rápida las acciones de los gobiernos nacionales en relación con el cambio climático. Se enfocará en tres áreas clave: gobernanza, financiamiento y políticas públicas. Esta iniciativa surge debido a la necesidad de enfocar los mecanismos de evaluación y seguimiento existentes en la implementación de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, con el fin de obtener información específica sobre los aspectos mencionados anteriormente.
A nivel global, el Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente (WGEA) de INTOSAI ha promovido las auditorías ambientales con el fin de supervisar el cumplimiento y rendimiento de las políticas ambientales y climáticas. La información obtenida de estas auditorías es crucial para desarrollar políticas públicas más efectivas que contribuyan a combatir el cambio climático, así como a adaptarse y mitigarlo.
Si nos esforzamos en esta dirección, México podrá convertirse en una potencia en términos de energía, economía y sociedad, y seguirá siendo líder en la región. Nunca antes las generaciones actuales habían tenido tanta responsabilidad en la construcción del mundo en el que vivirán las futuras generaciones, y las EFS también están trabajando en asumir esa responsabilidad.
