Amnistía Internacional ha emitido una advertencia sobre la situación en México, señalando el aumento de impunidad en los casos de feminicidios y la creciente militarización del país. Esta preocupación se expuso en el informe titulado "México: ¿Dirigiéndose rápidamente hacia el abismo en términos de derechos humanos?"
Amnistía Internacional presentó un informe titulado "México: ¿Dirigiéndose rápidamente hacia el abismo en cuanto a derechos humanos?"
Amnistía Internacional (AI) ha señalado que México se encuentra en una situación crítica en cuanto a la protección de los derechos humanos. Esto se debe a la impunidad que prevalece en los casos de feminicidios y a la presencia militar en la vida pública, entre otros factores.
Amnistía Internacional México está transmitiendo en vivo un conversatorio titulado "¿Y cómo va México? Examen Periódico Universal #DerechosConVoz". Puedes seguir la transmisión en el enlace proporcionado.
El 14 de diciembre de 2023, Amnistía Internacional México publicó un tweet.
La organización presentó un informe titulado ‘México: ¿Camino hacia el abismo en derechos humanos?’ con el objetivo de que la ONU realice una revisión periódica y exhaustiva de los derechos humanos en México.
Cada cinco años, todos los países miembros de la ONU deben someterse a una evaluación de los derechos humanos a través de un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos. Este mecanismo analiza el estado de las libertades fundamentales en cada país.
De acuerdo con AI, desde 2018 hasta mayo pasado, se registraron 20,292 asesinatos de mujeres, pero solo se investigaron 5,005 casos como posibles feminicidios.
A pesar de que se han emitido 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 estados del país, aún existe impunidad en las investigaciones de feminicidios, advierte.
El informe también muestra inquietud por los problemas en las investigaciones, como la pérdida de pruebas, la falta de investigaciones exhaustivas, la falta de consideración de una perspectiva de género y las amenazas a las familias de las víctimas.
La organización está preocupada por el respeto a la protesta social, ya que las principales autoridades, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estigmatizan a los periodistas y defensores de los derechos humanos que critican las acciones del Gobierno.
Además, critican el sistema de justicia penal por ser utilizado como una forma de intimidación para aquellos que protestan, especialmente en temas relacionados con el medio ambiente o la tierra. También señalan que México es considerado uno de los países más peligrosos para los periodistas.
Según Amnistía Internacional, los años 2020 y 2022 fueron especialmente peligrosos para los profesionales de este oficio, ya que se registraron 19 y 13 asesinatos, respectivamente.
Además, el informe señala de manera negativa la estrategia de seguridad pública altamente militarizada implementada por el Gobierno de López Obrador y la actuación de la Guardia Nacional (GN), la cual se encuentra entre las diez instituciones con mayor cantidad de denuncias por violaciones de derechos humanos. Desde su creación en 2019 hasta el año 2022, se han presentado mil 200 demandas en su contra.
López Obrador había planeado crear la Guardia Nacional como una fuerza civil, pero su dirección está en manos de David Córdova Campos, un exmilitar, y en 2022 pasó a estar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque esta transferencia fue anulada por la Suprema Corte de Justicia.
Según la ONG, el involucramiento de las fuerzas en asuntos públicos ha incrementado la posibilidad de que una persona sea sometida a tortura sexual durante su arresto, además de promover la falta de sinceridad, transparencia y responsabilidad.
Ante esta evaluación, Amnistía Internacional sugiere a México que mejore la eficacia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se ajuste a los Principios de París, que rigen a este tipo de organizaciones, y también que tome en cuenta la gravedad de la crisis de feminicidios. Además, se insta a no estigmatizar a las víctimas.
De este modo, pide a las autoridades que transmitan el mensaje de que estos actos no serán tolerados ni quedarán sin castigo, y que aseguren una compensación completa a las familias de las personas afectadas.
En cuanto a la oposición política, se propone establecer un conjunto de leyes que permita y proteja el derecho a manifestarse.
Por último, es necesario que el Gobierno de México elabore un plan para sacar a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública y administrativas antes del año 2028.
Lucía Chávez, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y Angélica de Anda, especialista en Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional, presentaron el informe.
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