La parálisis del razonamiento en las democracias occidentales se refleja en su incapacidad para prever el desarrollo de sus políticas económicas y monetarias.
Existen debates sobre si la intervención del gobierno es el principal síntoma de una democracia controlada. Mientras la inflación sigue siendo alta y afectando el poder adquisitivo de los hogares, el presidente ha adoptado la política de señalar a los establecimientos que venden productos de consumo diario a precios más altos, como los supermercados y las gasolineras más caras del país. Sin embargo, esta estrategia no ha logrado reducir los precios. Parece que el presidente olvida que cada producto tiene un valor intrínseco y costos adicionales. ¿Cómo se puede esperar que la industria de distribución y venta de combustibles, que opera en un sistema capitalista basado en la libre competencia, acepte estas inconsistencias? Es irresponsable suponer que el sistema comercial estaría dispuesto a someterse a estas medidas sin cuestionarlas.
Son los pequeños comerciantes quienes tienen la habilidad de sumar y son ellos los que venden productos como gansitos, limones de Michoacán o duraznos de la Ermita de los Correa, y nos demuestran todos los días que cada acción tiene causas claramente identificables. La inflación que estamos experimentando, ¿de dónde viene? Algunos pueden argumentar que es resultado de tensiones geopolíticas mundiales o de los costos que cada productor tiene que pagar mientras produce, transporta o comercializa en el país. ¡Todas esas causas son ciertas! Pero también contribuye a la inflación el paternalismo estatal, que ha existido en nuestras democracias durante varias décadas y se ha intensificado recientemente. Frente al aumento de las tasas de interés, la lista presidencialista de "quién es quién en los precios" se ha convertido en un ejercicio populista que no analiza las causas detrás de cada cifra presentada. Y es que las deudas rara vez se pagan a medias. Estas supuestas medidas antiinflacionarias solo empeoran un problema que ahora es difícil de controlar. No es suficiente asustar desde la máxima tribuna del estado.
Detrás de estas consideraciones económicas se esconde un análisis político y filosófico sobre el funcionamiento de nuestros gobiernos. La incapacidad de las democracias occidentales para prever la evolución de sus políticas económicas y monetarias refleja una falta de capacidad de razonar. En lugar de anticiparse, los gobiernos reaccionan a los problemas. En una situación difícil, los poderes públicos utilizan los recursos que tienen a su disposición para encontrar una solución, a pesar de que ellos mismos contribuyeron al deterioro de la situación.
Hace cien años, Max Weber habló sobre dos tipos de comportamientos éticos aplicables a aquellos que tienen cargos de responsabilidad pública y que se oponen firmemente. Por un lado, está la "ética de la responsabilidad", que sostiene que aquellos que gobiernan deben asumir la responsabilidad de sus acciones y no pueden transferir las consecuencias a otros. Por otro lado, está la "ética de la convicción", que sostiene que solo la ejemplaridad de las acciones prevalece, incluso si su objetivo es irracional. Al observar las esferas políticas contemporáneas dentro de los sistemas democráticos, se destaca la falta grave de ética en cuanto a la rendición de cuentas. ¿Puede el gobierno ignorar las consecuencias de sus acciones en los agentes de la actividad económica? ¿Por qué otros deben pagar por la intervención excesiva del Estado?
Esta problemática afecta no solo a México, sino a muchas democracias, incluyendo a Estados Unidos. ¿No es la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Biden en realidad un estímulo para aumentar los precios? La lógica es sencilla: mientras más dinero se entregue gratuitamente a los consumidores, ya sea a través de descuentos en los precios subsidiados por el gobierno o mediante programas sociales, más crecerá el consumo y, por ende, los precios. Si bien el apoyo a la economía pudo haber sido necesario en algún momento, ¿no es posible que una ayuda desproporcionada empeore la situación de los hogares en lugar de mejorarla? El intervencionismo se ha convertido en un ciclo vicioso del que cada vez es más difícil salir. ¿La razón? La legitimidad de nuestros líderes está en duda y se ven obligados a utilizar dinero público (dinero de todos) para mejorar su propia situación.
Mientras tanto, muchas familias están sufriendo las consecuencias de la falta de ética de nuestros líderes políticos. La clase media está siendo afectada negativamente debido a las medidas inconsistentes que se toman sin una planificación adecuada. Esta situación es aún más preocupante porque pone en peligro los fundamentos mismos de nuestros sistemas democráticos. Los períodos de escasez y carencia propician el surgimiento de extremismos. Es imprescindible encontrar mecanismos que obliguen a los gobernantes a enfrentar las consecuencias de sus acciones.
