Según la ONU, Nicaragua ha expulsado a 231 personas de nacionalidad nicaragüense y ha negado la entrada al país a otras 56. Además, se ha registrado la deportación de 25 extranjeros por parte de la Oacnudh.
La Oacnudh ha registrado la expulsión de 231 ciudadanos nicaragüenses y 25 extranjeros deportados.
Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central, el Gobierno liderado por Daniel Ortega en Nicaragua ha expulsado a 231 ciudadanos nicaragüenses y ha negado la entrada al país a otros 56, incluyendo a 8 niños, durante el año 2023.
Además de las 222 personas expulsadas el 9 de febrero, se han registrado casos de deportación de ciudadanos que se consideran opositores y aquellos que estuvieron involucrados en los eventos de 2018. Esto se menciona en un informe de ese organismo, que documenta casos desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2023.
La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha registrado la expulsión de 231 ciudadanos nicaragüenses, así como la deportación de 25 personas extranjeras.
Además, se han registrado cinco situaciones en las que se ha impedido a personas salir del país y se ha negado la entrada a Nicaragua a un total de 56 ciudadanos nicaragüenses, entre los cuales se incluyen 8 menores de edad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado de manera sistemática violaciones cometidas por el gobierno de Nicaragua, principalmente en relación al derecho de las personas a la libertad de movilidad, a elegir libremente su lugar de residencia y a entrar y salir del país, tanto para ciudadanos nacionales como extranjeros que son considerados como críticos del gobierno.
El gobierno está infringiendo el derecho a la reunificación familiar y los derechos de los niños.
La Oacnudh ha señalado que en 2023 se han intensificado estos patrones, mencionando medidas del Estado como la prohibición de entrada al país para los ciudadanos nicaragüenses, así como la negativa a expedir pasaportes nuevos o renovarlos tanto dentro como fuera del país, y la confiscación de los mismos cuando se intenta salir de Nicaragua.
Además, se realiza la expulsión de ciudadanos tanto nacionales como extranjeros hacia otros países sin seguir el procedimiento administrativo adecuado ni permitirles la oportunidad de presentar recursos legales. También se niega la renovación de permisos de residencia a personas extranjeras sin ofrecerles una explicación o la posibilidad de presentar recursos legales.
También, se niega el permiso de salida a menores de edad cuyos padres son considerados de interés para el Estado.
La Oacnudh ha denunciado que la acción de desnacionalización, deportación y pérdida de derechos civiles y políticos de 316 personas en febrero de 2023, junto con la prohibición de ingreso al país para los nicaragüenses que han salido al extranjero por diferentes razones, ha resultado en violaciones de los derechos de libertad de movimiento de sus familiares, el derecho a la reunificación familiar y los derechos de los niños, entre otros.
La Oficina ha registrado casos en los que se han violado los derechos de los niños, como el derecho a mantener relaciones familiares sin interferencias ilegales, la separación involuntaria de sus padres y familiares, y la demora y negativa del Estado en responder a las solicitudes de los padres para que los niños puedan salir de Nicaragua y reunirse con su familia.
Se ha emitido una advertencia sobre la fragilidad de los desplazados
Además, la Oacnudh ha señalado que ha notado que en numerosos casos de deportación y denegación de ingreso, las personas y familias enteras se encuentran en una situación vulnerable en los países donde deben quedarse debido a su incapacidad para regresar a Nicaragua. Esto se debe a la falta de apoyo de redes, recursos económicos y garantías de sus derechos básicos, como el acceso a vivienda adecuada, empleo, educación y atención médica.
Además de esto, se encuentra el desafío de tener la oportunidad de determinar rápidamente una situación migratoria y la falta de conocimiento del idioma, mencionó.
Según la Oacnudh, entre las personas a las que se les prohíbe entrar a Nicaragua se encuentran los familiares de las 316 personas que fueron desnacionalizadas y deportadas, así como defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y pastores, activistas políticos y líderes estudiantiles.
Desde abril de 2018, Nicaragua ha estado enfrentando una situación de crisis política y social. Esta crisis se ha intensificado después de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales han sido objeto de controversia. En estas elecciones, el presidente Daniel Ortega fue reelegido para su quinto mandato, el cuarto de forma consecutiva, y su esposa Rosario Murillo fue nombrada vicepresidenta. Es importante destacar que los principales opositores del presidente se encuentran actualmente en prisión.
Basado en datos proporcionados por la agencia
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