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Las familias de Ayotzinapa están perdiendo la paciencia mientras se acerca el noveno aniversario.
La presión aumenta para que el presidente López Obrador cumpla su promesa de resolver el caso Ayotzinapa antes de que termine su mandato.
La presión aumenta sobre el presidente López Obrador para que cumpla su promesa de resolver el caso Ayotzinapa antes de que finalice su mandato.
A medida que se acerca el noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la paciencia de las familias se agota y aumenta la presión sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador para que cumpla su promesa de resolver el caso antes de que termine su mandato.
Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos en Guerrero en el año 2014 están llevando a cabo una protesta en la Ciudad de México. Desde el pasado jueves, han instalado un campamento frente a la entrada 1 del Campo Militar 1 en Naucalpan. Esta instalación alberga la información de todos los batallones del país.
Exigen que el Ejército de México proporcione la documentación que falta en el caso, la cual podría ser útil para encontrar a los estudiantes. A pesar de que se reunieron con el presidente el miércoles pasado y él aseguró que todo ya ha sido entregado.
Tamara García, madre de Saúl Bruno García, expresó en una entrevista con EFE que López Obrador está protegiendo al Ejército para evitar que los soldados sean investigados. García cuestionó por qué no revelan la verdad sobre dónde dejaron a los jóvenes.
Después de que mi esposo falleció, me di cuenta de que él nunca supo de la existencia de nuestro hijo. Por eso, decidí seguir adelante y buscar activamente dónde se encuentra mi hijo.
Las familias y estudiantes se encuentran en una protesta que se espera que termine el lunes. Durante esta protesta, los padres tendrán una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) donde aumentarán sus demandas de entrega de documentación que previamente le hicieron al presidente el miércoles pasado.
Como madres, deseamos saber el paradero de nuestros hijos. Si estuvieran en nuestra situación, actuarían de la misma manera. Es importante que nos proporcionen esa información para que podamos saber dónde están nuestros hijos, afirmó Magdalena Maestros, madre de Antonio Santana Maestros, en una entrevista con EFE.
A pesar de afirmar que toda la información ya está en manos de los investigadores, López Obrador entregó algunos documentos que están siendo estudiados actualmente. Es importante destacar que esta entrega de información se realizó sin la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recientemente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) decidió abandonar el país debido a la dificultad que representa la falta de cooperación total por parte de las Fuerzas Armadas en las investigaciones, lo cual les impide avanzar en su trabajo.
Después de estar en el país durante ocho años, y habiendo recibido el apoyo de López Obrador, el presidente ahora los considera como enemigos, afirmando que tienen intenciones perjudiciales para el Estado y el Ejército.
El portavoz de los padres de los normalistas, Melitón Ortega, expresó que consideran que no existe un canal de respeto, ya que desde el Palacio Nacional se está atacando al grupo de expertos.
La persona recordó que, a pesar de que el periodo del presidente finaliza en octubre de 2024 y hasta el momento no ha cumplido con su compromiso de resolver el Caso Ayotzinapa, este asunto sigue sin resolverse.
Hoy, lunes, se lleva a cabo una reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Después de esta reunión, se espera que se modifique la forma en que se niega la existencia de información que aún está pendiente de ser liberada.
Eduardo, un estudiante de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa, afirmó a la agencia de noticias EFE que los compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos no van a declarar que están muertos y van a continuar luchando por la justicia.
La búsqueda de su paradero continúa sin descanso, tanto nosotros como sus padres seguimos buscándolos. No importa dónde estén, lo que queremos es justicia. Aunque los den por muertos, hasta que no haya pruebas científicas que confirmen su asesinato, no podemos afirmar que están muertos solo basándonos en testimonios. Para nosotros, siguen vivos", declaró Eduardo.
El informe de la Comisión de la Verdad del Gobierno de México determinó el año pasado que el suceso fue considerado como un "crimen de Estado", en el que estuvieron involucradas autoridades de diferentes niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de López Obrador ha negado la controvertida versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como la "verdad histórica", que afirmaba que policías corruptos arrestaron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en el basurero de Cocula.
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