Mediante una denuncia al Ministerio Público especializado en delitos del menor, una abuela materna denuncia maltratos a su nieto por parte de su padrastro en la colonia Doctores, Ciudad de México.
Todo comenzó desde el día 20 de octubre del 2020 cuando su hija se fue al estado de Michoacán junto a su hijo de 4 años, haya conoció a un tipo iniciando una relación con él.
Días después, la abuela recibió mensajes vía WhatsApp y el padrastro pedía la cantidad de 22 mil pesos para no asesinar a su hija y a su nieto enviado fotos del niño amordazado, golpeado y atado de manos.
En primera instancia, a través de la Comisión de Derechos Humanos intentaron localizar al sujeto y a sus familiares en Michoacán pero no fueron localizados; a inicios de este año, la pareja junto con el menor viajaron hasta la Ciudad de México en la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc con la intención de visitar a unos familiares.
La abuela materna aprovechó la situación para denunciar los hechos dando el domicilio donde se encontraba el niño realizando su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ubicada en la misma colonia pero no fue tomada en cuenta.
Fue hasta la llegada de medios de comunicación y la circulación de la foto en redes sociales que autoridades tomaron cartas en el asunto ordenado la investigación por parte de agentes de la Policía de Investigación y personal del DIF quienes acudieron al domicilio ubicado en la Avenida Niños Héroes para resguardar la integridad del menor y trasladarlo a la agencia número 59 mientras se procede con las investigaciones.
El representante social de dicha fiscalía integra la carpeta de investigación iniciada por el delito de violencia familiar e investiga la probable participación de la madre del menor y un hombre en los hechos denunciados.
De acuerdo con la indagatoria, ambas personas posiblemente habrían solicitado dinero a cambio de no continuar con el maltrato, por lo que la persona denunciante solicitó el auxilio del representante social, quien instruyó de inmediato la visita domiciliaria, a fin de descartar cualquier riesgo en la integridad de la víctima.
Como parte de las acciones para salvaguardar la integridad de la persona menor de edad, personal especializado realiza una valoración psicológica, con base en la entrevista a la víctima, mientras el agente del Ministerio Público mantiene coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para determinar la reintegración familiar del menor de edad.