Miles de indígenas mayas bloquearon este lunes unas 10 horas seis importantes tramos de carreteras en el oeste de Guatemala, en la última protesta para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
“El presidente en su forma de expresar es muy prepotente y en el Congreso se guían más por sus bancadas y sus necesidades, (pero) no van acorde a las necesidades de nuestro país”, dijo a una radio local Santiago Cux, uno de los líderes de las protestas.
El Congreso, dominado por fuerzas oficialistas, anuló un controvertido presupuesto del país para 2021, el más alto de la historia, en medio de protestas que reclamaban que las cuentas benefician a sectores empresariales en detrimento de aumentar las partidas para salud y contra la pobreza.
Una vez levantados los bloqueos, han continuado las manifestaciones en contra de Giammattei, criticado también por una mala gestión de la pandemia del covid-19.
Cux aseguró que la convocatoria fue apoyada por las 83 comunidades del departamento de Sololá para “hacerle saber al gobierno central y a los diputados que las acciones que han tomado últimamente con el presupuesto 2021 dejan mucho que desear”.
Sololá (oeste) es un departamento con más de medio millón de habitantes donde cohabitan tres pueblos mayas y que alberga el turístico Lago de Atitlán.
Los indígenas levantaron los bloqueos, que transcurrieron de forma pacífica.
En la capital, un grupo de personas que dijeron ser estudiantes, llegó con el rostro tapado y quemaron neumáticos frente al Parlamento.
Unos de los encapuchados comentó a periodistas que la medida forma parte de las manifestaciones contra el mandatario, en rechazo a la clase política tradicional y a la corrupción en el Estado.
Para llegar a la sede del Congreso este grupo se apoderó de un autobús que cubría la ruta hacia la ciudad universitaria, en la periferia sur de la capital.
Como medida de precaución, el Ejecutivo evacuó al personal que trabaja en la antigua sede del gobierno, ubicada a unos 300 metros del Congreso, indicó la titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek.
Al igual que las recientes protestas de los dos últimos fines de semana en la capital, los indígenas reclamaron la “depuración” del Congreso, la renuncia del ministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes; de la Fiscal General, Consuelo Porras; y del director de la Policía, José Tzubán.
– Marginados del diálogo –
Las peticiones de los manifestantes fueron elevadas a través de una carta dirigida al presidente Giammattei, en la que le reclaman por su “falta de respuesta” a peticiones para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
La propia Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, criticó hace unos días que el gobierno no incluyera a los indígenas en el diálogo convocado para resolver la crisis que afronta el país.
Asentados principalmente en el occidente del país, los indígenas representan el 43% de los casi 17 millones de habitantes de Guatemala y denuncia discriminación.
En algunas comunidades la pobreza supera el 80%, según cifras oficiales, y la desnutrición afecta al 50% de los niños menores de cinco años, el índice más alto de Latinoamérica.
Las manifestaciones para pedir la renuncia de Giammattei, un conservador de derecha que asumió el poder en enero, se iniciaron el sábado 21 de noviembre en la plaza ubicada frente a la antigua sede de gobierno. Si bien comenzaron pacíficamente, fueron incendiadas varias oficinas del Parlamento.
Los opositores responsabilizan a Giammattei de opacidad en la elaboración del presupuesto y afirman que el proyecto no atendía problemas como la pobreza, que afecta a casi el 60% de los guatemaltecos.
También acusan a Giammattei, médico de profesión, de una mala gestión frente a la pandemia del covid-19, que hasta este lunes registraba 4.171 muertos y 122.062 casos de contagio.
El sábado, miles de guatemaltecos reanudaron sus protestas, durante la cuales un grupo de manifestantes con el rostro cubierto incendió un autobús.
El ministro de Gobernación dijo que la quema del autobús fue “un acto totalmente planificado y financiado por algún grupo de personas que intenta desestabilizar el orden institucional del país”.
Para el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, el gobierno intenta “criminalizar” las protestas, apoyándose en actos de violencia que ocurrieron al margen de las manifestaciones.
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