Los integrantes de la Comisión Anticorrupción en el Congreso del Estado, votarán hoy la posible destitución e inhabilitación del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y de su Secretario General, Manuel González.
Esto por haber utilizado recursos públicos y al programa “Aliados Contigo” para la recaudación de firmas para la campaña presidencial.
Los 10 diputados de la Comisión Anticorrupción deberán aprobar el proyecto de sanción, que contempla la destitución del gobernador y su inhabilitación de cargos públicos por seis años. Para el caso de González, se contempla la inhabilitación en cargos públicos por un plazo también de seis años.
Ante esta situación donde se deja la sentencia en la última semana de esta legislatura, el Senador de la República Samuel García exigió al Congreso del Estado lograr un acuerdo para consolidar la destitución de El Bronco y González.
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“Llevo dos años en friega, denunciando, con juicios y alegatos, pruebas, manifestaciones, por fin podríamos ser la primera vez en la historia de México que se destituye a un gobernador por corrupción electoral”, dijo el senador.
Será esta misma semana que los diputados tendrán por obligación dictar una sentencia de sanción contra ambos funcionarios, de lo contrario el Congreso local podría caer en desacato ante la falta de una sanción.
Desde el 27 de junio del 2018 se turnó a la Comisión Anticorrupción por la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de Nuevo León para su estudio y dictamen el expediente número 11841/LXXIV.
Dicho expediente fue firmado por Francisco Croker, Secretario General de Acuerdos de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual envía la sentencia del procedimiento especial sancionador de servidores públicos del Gobierno del Estado.
El tema principal en el expediente es relativo a la recolección de firmas para la campaña presidencial donde Rodríguez Calderón y González utilizaron a funcionarios estatales en horario laboral para recolectar firmas que permitirían al Bronco contender en las elecciones.
Sin embargo, el Congreso de Nuevo León no sancionó a ningún funcionario, por lo que de nueva cuenta el 25 de julio del 2019 la Sala Especializada emitió la resolución relativa al Incidente de Incumplimiento de Sentencia.
Con ello, los diputados se vieron obligados a dictar una sentencia antes del 20 de diciembre, fecha en la que termina el Segundo Periodo Legislativo del 2019.
El pasado 23 de septiembre del presente año se aprobaron las reglas procesales para poder dar trámite a la sanción a los funcionarios de gobierno, luego de que días antes se declarara en permanente la Comisión Anticorrupción del Congreso local.
En caso de que se llegase a aprobar el dictamen, la sentencia surtiría efecto a partir del día hábil siguiente de su aprobación y votación en el pleno.