No es la primera vez que los ciudadanos observamos una falta de coordinación entre autoridades del orden local y federal como la que estamos viendo entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, el procurador de Justicia de la capital del país, Edmundo Garrido, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, a raíz de los lamentables acontecimientos ocurridos la semana pasada durante una manifestación de alumnos de los Colegios de Ciencias Humanidades (CCH) en la explanada de la Torre de Rectoría.

Sumada a la protección que desde hace décadas las propias instituciones educativas y gubernamentales brindan a grupos de golpeadores y delincuentes que son “utilizados” según convenga al interés de algunos grupos políticos del país, está la falta de una verdadera coordinación entre autoridades académicas y de justicia para aplicar la ley donde ha sido violada, porque como siempre se nos ha dicho, “autonomía” no significa impunidad ni fuero para delinquir en los campus universitarios.

Pero es triste que la realidad y la actuación de las autoridades nos demuestren lo contrario, sobre todo, en momentos de transición en los que tanto se ha prometido a la sociedad y nada de ello ocurre o siquiera está a la vista en el corto y mediano plazo. Al paso que vamos, las cosas seguirán descomponiéndose vertiginosamente como hasta ahora. La realidad es que, al día de hoy, no hay detenidos por la artera agresión que sufrieron los manifestantes y dos de los presuntos responsables detenidos hace unos días ya están libres.

Para la sociedad, saber lo que en realidad ocurre en esta guerra de declaraciones entre el rector Graue, quien asegura que sí se presentaron denuncias tras el ataque de los “porros” el lunes 3 de septiembre, y el jefe de Gobierno, quien niega lo anterior, es muy difícil. Sólo nos enteramos por la prensa que da cuenta del “desaguisado”. Pero lo único que ello provoca es que la impunidad se vuelva la “moneda de cambio” entre la sociedad y los que “manejan” los hilos del porrismo, acostumbrados a actuar en las “cañerías del poder” y a recibir su paga por ello. Por eso siempre ha sido muy difícil saber la verdadera identidad de esos “grupos”, porque las instituciones los han cobijado desde siempre.

Los tiempos sociales y políticos que hoy vivimos no auguran que esto cambie. Porque es el mismo sistema: El que va de salida y el que llega; el que ha engendrado ese tipo de prácticas y manejos de la “vida institucional” del país.

Por ello urge la recomposición del sistema de contrapesos en la vida política nacional. Los votantes hicieron su parte el pasado primero de julio, ahora falta que la verdadera oposición haga la suya en el corto plazo. Al final del día, la sociedad misma, el país entero, somos los que vamos a salir fortalecidos de la crisis institucional que hoy enfrentamos.

No hay manera de que un país avance si no existe la participación de todos en el rescate de las instituciones nacionales. Pareciera que para muchos la actividad democrática concluyó el primero de julio. Sin embargo, falta lo más difícil: Rescatar al país de la situación que derivó en el clima social que motivó la masiva votación por un cambio de rumbo; falta eso, precisamente: Cambiar el rumbo. Y ahí está lo más difícil del proceso; no es cuestión de dos meses y medio, de un año o de seis. Pasaron muchos años para que llegáramos hasta donde nos encontramos. No lo echemos por la borda.