En su ataúd, colocaron la osamenta junto a un traje de sastre color azul marino y unos zapatos deportivos blancos “porque era un amante del fútbol”
La pareja peruana octogenaria recibió a fines de agosto los huesos de su hijo tras 34 años de búsqueda. El joven fue sacado a la fuerza y secuestrado de su dormitorio en 1984 por un grupo de militares en una región del Sur de los Andes, que era la más violenta de Perú. La desaparición ocurrió durante el conflicto armado interno que enfrentó a las fuerzas de seguridad y al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Los ancianos de 86 y 88 años, respectivamente, gastaron la mayor parte de su fortuna como importantes vendedores de ganado en la región Ayacucho para rastrear el paradero de Cesáreo, un universitario de 33 años, pero fue imposible hallarlo.
“Fue como una obsesión”, dijo por teléfono a The Associated Press Elder Chipana, el nieto de ambos y sobrino del hasta ahora desaparecido.
Como la pareja, un incontable número de personas que va envejeciendo busca a más de 20 mil 300 peruanos identificados que tienen la condición de desaparecidos tras las dos décadas de violencia entre las fuerzas de seguridad y los ultraizquierdistas de Sendero Luminoso. A inicios de agosto, por primera vez, los restos de otras 14 personas fueron entregados a sus seres queridos en virtud de una nueva ley que busca agilizar el largo y oneroso proceso para identificar a los muertos en el conflicto.
En la última semana, el gobierno del presidente Martín Vizcarra envió al Parlamento un proyecto para crear un banco de datos genéticos que de aprobarse en el Congreso unicameral peruano permitirá almacenar información de los padres que buscan sin suerte a sus hijos.
Incluso si los padres mueren, su información genética almacenada permitirá asegurar en el futuro si restos óseos hallados son de sus hijos desaparecidos.
Máximo y Gregoria envejecieron mientras administraban su floreciente negocio y recorrían los Andes y la Amazonía, además de una isla en la costa del Pacífico frente a Lima donde el gobierno tenía una cárcel en la década de los 80.
Gregoria incluso comenzó a componer canciones en quechua, el idioma que impera en los Andes del Sur.
Entre 2005 y 2009, el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal, en el marco de las investigaciones por uno de los más famosos casos de Perú por violaciones de los derechos humanos, realizó tres mil 031 excavaciones en un terreno de siete hectáreas.
Se extrajo 109 osamentas, muchas de ellas quemadas en un horno adyacente que los militares usaron para incinerar gran parte de los cadáveres de los que eran asesinados luego de haber sido torturados.
De ese numeroso grupo de osamentas, Máximo y Gregoria hallaron una que por la ropa parecía ser su hijo, pero los exámenes genéticos salieron negativos en 2012. Lo mismo ocurrió en 2017 con otros restos.
En julio, tras un tercer examen genético de una osamenta que tenía fisuras en la rodilla derecha y curaciones de resina en la dentadura se halló a Cesáreo, dijo el arqueólogo Luis Rueda, el jefe del equipo forense.
Máximo y Gregoria compraron un ataúd marrón y allí colocaron la osamenta junto a un traje de sastre color azul marino y unos zapatos deportivos blancos “porque era un amante del fútbol”, comentó Elder.
La pareja se enteró que Cesáreo tenía el cráneo atravesado por dos impactos de bala que por la trayectoria hicieron suponer a los forenses que el universitario había sido obligado a colocarse de rodillas antes de ser asesinado.
Cesáreo fue enterrado el último sábado por la pareja en el mausoleo familiar del cementerio de Huamanga. Elder dijo que antes de ingresar a su nicho una banda de música andina tocó su canción preferida ‘Adios pueblo de Ayacucho’.
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