Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) violaron el derecho a la privacidad del estudiante Marco Antonio, desparecido cinco días tras ser detenido por policías capitalinos en enero pasado, y le causaron estigmas y afectaciones personales, determinó una jueza federal.
Ante esta situación, la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió un amparo al joven de ya 18 años al considerar que funcionarios de la PGJ violaron el sigilo de la indagatoria por su desaparición.
El amparo fue promovido por los padres de Marco, quienes consideraron que los vídeos difundidos por el titular de la PGJ, Edmundo Garrido, en conferencia de prensa del 5 de febrero, expusieron a su hijo a ser criminalizado.
La jueza ordenó al titular de la PGJ, al director de comunicación social, Octavio Juárez Pineda, y al ministerio público encargado de la carpeta de investigación iniciada por la desaparición de Marco, tomen las medidas pertinentes para resguardar el sigilo de la indagatoria y sus datos.
En el expediente 187/2018, la juez analizó la conferencia en la que el procurador local informó que la dependencia realizó un análisis de las cámaras de video que mostraban la ruta que tomó Marco “N” luego de su detención en enero en la delegación Azcapotzalco.
Del análisis de las imágenes y las notas periodísticas publicadas del caso, la juez concluyó que el nombre completo del entonces menor, fotos y ocupación fueron difundidos.
Esta conducta fue calificada por la juez como una negligencia cometida por los tres servidores públicos adscritos a la procuraduría capitalina.
Con información de El Universal.