Revelación tras revelación, una nueva ola de escándalos de abusos sexuales está sacudiendo a la Iglesia Católica Romana y situando al Papa Francisco ante la mayor crisis de su papado.
En Chile, los fiscales han allanado oficinas de la Iglesia, han confiscado documentos y han acusado de encubrimiento a líderes de esta institución religiosa. En Australia, las principales figuras de la Iglesia se están enfrentando a detenciones y juicios. En Estados Unidos, después de la renuncia de un cardenal, surgen dudas sobre una jerarquía que miró hacia otro lado y lo protegió durante años.
La Iglesia ha tenido más de tres décadas, desde que los casos notables de abuso se hicieron públicos por primera vez, para salvaguardar a las víctimas y a sí misma contra las fallas del sistema. Y, en los últimos cinco años, muchos católicos han considerado a Francisco como una figura que podría modernizar la Iglesia y que podría ayudar a recuperar su credibilidad.
Pero el historial de Francisco en el manejo del abuso ha sido variado. Algunas personas externas a la Iglesia lo atribuyen a sus deficiencias y otros lo identifican con la resistencia de una institución notoriamente contraria al cambio.
Los analistas que han estudiado la respuesta de la Iglesia al abuso sexual, y varias personas que han aconsejado al Papa, dicen que el Vaticano no ha podido dar los pasos drásticos que le ayudaría salir de los escándalos y evitar que casos de ese tipo se volvieran a repetir.
“Cada nuevo informe de abuso clerical en cualquier nivel crea dudas en la mente de muchos que estamos abordando eficazmente esta catástrofe en la Iglesia”, advirtió el mes pasado el cardenal Sean O’Malley, arzobispo de Boston. La falta de acción, según él, “amenazará y pondrá en peligro la ya debilitada autoridad moral de la Iglesia”.
A Francisco se le acreditan algunos movimientos significativos. El mes pasado aceptó la renuncia de más alto nivel hasta la fecha cuando Theodore McCarrick renunció al Colegio de Cardenales. El ex arzobispo de Washington y antiguo líder de la Iglesia ha sido acusado de abusar sexualmente de adultos y menores. Se enfrenta a un juicio eclesiástico en el que podría ser expulsado por completo.
Pero el Papa también ha tenido notables pasos en falso. Durante un viaje a Sudamérica en enero, él recibió críticas al decir que estaba convencido de la inocencia del obispo Juan Barros, acusado de encubrir los actos de un notorio abusador.
El Papa Francisco buscó recuperarse de ese episodio enviando a dos investigadores a Chile, disculpándose por sus “serios errores” en el manejo de la crisis y haciendo referencia, sin precedentes para un Papa, a una “cultura de abuso y encubrimiento”. Invitó al Vaticano a las víctimas chilenas de abuso. También reunió a los 34 obispos de Chile en Roma, donde, según una carta que se filtró a los medios chilenos, los acusó de no investigar posibles crímenes y destruir pruebas. Los obispos se ofrecieron a renunciar en masa. Hasta ahora, el Papa Francisco ha aceptado cinco de esas renuncias.
Sin embargo, la Iglesia ha hecho grandes esfuerzos para luchar contra eso y cerrar el capítulo sobre el abuso sexual.
Mientras que, normalmente, se recomienda la transparencia, la Iglesia permanece en silencio sobre sus investigaciones y procedimientos disciplinarios. No publica ningún dato sobre las investigaciones que ha llevado a cabo. Un tribunal propuesto para juzgar obispos acusados de negligencia o encubrimiento fue anulado por el departamento del Vaticano, que se suponía que ayudaría a implementarlo. Y, en lugar de ser despedidos y amonestados públicamente, a los líderes oficiantes de la Iglesia se les permite dimitir sin explicación.
“A la Iglesia no le gusta sacar a los obispos”, comentó el reverendo Thomas Reese, sacerdote jesuita y analista del Religion News Service. “Los obispos son vicarios de Cristo en su diócesis. No son solo propietarios de franquicias de McDonald’s o gerentes locales que pueden ser despedidos por el CEO. Y la Iglesia siempre ha sido reacia a ceder a la presión política para eliminarlos”.
El Sumo Pontífice ha pedido a las iglesias que mantengan una política de “tolerancia cero” y advirtió sobre el “pecado de encubrimiento y negación, y el pecado del abuso de poder”. Pero el Vaticano se negó a distribuir a los obispos las pautas sugeridas por la comisión que asesoró al Papa Francisco sobre el abuso sexual, sobre cómo responder a las denuncias de abuso y cooperar con las autoridades civiles.
Incluso cuando el Vaticano toma medidas, la resolución llega “a un ritmo muy glacial”, lamenta Juan Carlos Cruz, que fue una de las víctimas chilenas de abuso que se reunió durante varios días con el Papa Francisco la primavera pasada.
Cruz señaló que, sin rodeos, le dijo al Papa que aún se necesitaba una reorganización más profunda. Mencionó específicamente a Francisco Javier Errázuriz, miembro del poderoso consejo asesor de cardenales de nueve miembros del Papa, cuyas víctimas han dicho durante mucho tiempo que ignoraron sus acusaciones de abuso y trataron de desacreditarlas. Errázuriz ha negado tales fechorías.
“El Papa nos pidió que le diéramos tiempo para actuar”, recordó Cruz. “Él dijo: ‘Tengo que orar sobre esto y dejar que el Espíritu Santo me guíe en lo que tengo que hacer‘”.
Mientras tanto, en el mundo terrenal, la cultura está cambiando y otras fuerzas están tomando la delantera en la rendición de cuentas.
Un movimiento separado que combate el abuso y el acoso en el lugar de trabajo ha ayudado a difundir la conciencia sobre las víctimas a la vez que disminuye el escepticismo sobre sus historias.
Al mismo tiempo, los departamentos de policía han estado persiguiendo casos de abuso en países que alguna vez trataron a la Iglesia con deferencia. En Australia, algunos gobiernos estatales y territoriales incluso persiguen uno de los principios más sagrados de esta institución y están a punto de imponer nuevas leyes que exijan que los sacerdotes denuncien los casos de abuso infantil cuando se enteran durante las confesiones. En Estados Unidos, la Iglesia Católica se está preparando para la publicación de un documento de 900 páginas sobre crímenes sexuales en seis diócesis de Pensilvania.
Ha habido llamadas dentro de la organización eclesiástica estadounidense sobre cómo fortalecer la supervisión de la jerarquía. Los líderes de la Iglesia en Albany y Atlanta dieron el paso notable de sugerir la participación de expertos laicos, ya sea para investigar o trazar reformas.
Una conversación similar sobre cómo fortalecer la respuesta al abuso se ha desarrollado durante varios años en el Vaticano, particularmente dentro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que Francisco creó un año después de convertirse en Papa. Pero poco ha venido de las ideas de la comisión.
En 2015, el Sumo Pontífice aprobó la propuesta de un tribunal, ubicado dentro de la poderosa oficina de doctrina del Vaticano, que evaluaría los casos de obispos acusados de ocultar o descuidar el abuso. El tribunal, sin embargo, nunca fue creado. Cuatro ex miembros de la comisión, así como analistas externos, dicen que la idea fue frustrada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Algunos analistas externos dicen, además, que la objeción podría haber sido por motivos legales o logísticos.
En una entrevista publicada el año pasado con el Corriere Della Sera, el cardenal Gerhard Müller, entonces jefe de la oficina de doctrina, señaló que el Vaticano ya tenía “las herramientas y los medios legales” para manejar estos casos. El observador del Vaticano Marco Politi comentó que los miembros de la congregación y otros en la jerarquía del Vaticano también estaban preocupados por la apertura de una “caja de Pandora”.
“Esto significaría cientos de casos que luego regresarían a Roma con un gran impacto mediático”, manifestó Politi, autor del libro El Papa Francisco entre los lobos, una biografía papal. “Significaría el comienzo de la temporada de caza de los culpables“, agregó.
A su vez, el Papa Francisco usó otro método para reforzar la rendición de cuentas de la jerarquía eclesiástica, emitiendo una carta apostólica que dejaba claro que los obispos podrían ser destituidos por negligencia en el manejo del abuso sexual. Pero bajo el sistema actual, cualquiera de las cinco congregaciones diferentes del Vaticano puede participar en la investigación de obispos, dependiendo de la función y afiliación de la persona acusada dentro de la Iglesia, y también si ha sido acusada de encubrimiento o abuso. Los casos de encubrimiento son manejados por las mismas congregaciones que ayudan a nombrar obispos.
“Es un posible conflicto de intereses”, apostilló Davide Cito, abogado canónigo de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. “Totalmente es un problema“.
El esfuerzo estancado para lanzar el tribunal provocó la renuncia de Marie Collins -una sobreviviente irlandesa de abuso- de la comisión. Los actuales y anteriores miembros de la comisión comentaron que el Vaticano no les proporciona datos e información sobre casos relacionados con abusos. Krysten Winter-Green, un ex miembro de la comisión que fue consejero durante mucho tiempo para las víctimas de abuso, señaló que se enfrentaban a un “dominio de la confidencialidad”.
Source: Infobae