El 9 de marzo de 2013, Juana Camila Bautista realizó un operativo en las instalaciones de Estocolmo 14, donde hospedaban a 38 mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Había algunas mexicanas, pero la mayoría eran de Colombia, Venezuela, Argentina, Ucrania, Rusia, Rumanía y de otras nacionalidades.
A pesar de que no era su competencia (era de PGR) y en un afán protagónico, inició dos averiguaciones previas, la primera contra los “papis y las mamis”, que eran las personas encargadas de vigilar a las víctimas en Estocolmo 14; y otra más contra 4 de los operadores del reclutamiento y explotación sexual de las víctimas de trata, tanto las nacionales como las extranjeras.
El entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ordenó que se atrajeran las investigaciones en tanto correspondían al fuero federal, primero a Fevimtra, que consignó a las “mamis y papis”, y más tarde fue declinada a UEITMPO/SEIDO lo mismo que la Averiguación Previa de los presuntos operadores del reclutamiento y de la explotación sexual de las víctimas de trata.
Ambas averiguaciones previas se consignaron, la primera en Puente Grande y la segunda en Matamoros. De los 20 detenidos, sólo quedan en proceso penal dos “mamis”, y fundamentalmente porque vendían drogas. De las otras cuatro personas, sólo se pudo ejecutar una orden de aprehensión y hasta la fecha quedan 3 pendientes.
Se inició otra averiguación previa contra los dueños de “Diversión Garantizada”, S.A. de C.V., Guillermo Fridman y sus hermanos, que lleva cuatro años abierta, pero que hasta el día de hoy no se ha consignado, principalmente porque cuando llegó Gustavo Salas Chávez -sí, aquél Fiscal de Homicidio de la PGJDF que en junio de 2008 denostó a Rodolfo Félix, entonces procurador capitalino-, designado por la Maestra Areli Gómez González, hoy Secretaria de la Función Pública, la Ministerio Público que estaba a cargo de la investigación, Carmen Navarro, fue denunciada ante la Visitaduría de la PGR por quedarse con parte de los apoyos de las víctimas.
Ella escondió, apoyada por su oficial, una de las carpetas de la investigación durante la madrugada, cuando iban a consignar la averiguación previa, lo que quedó registrado en un video del sistema de vigilancia de SEIDO. La Titular de la UEITMPO le dio vista de inmediato a la Visitaduría, pero ésta última nunca hizo nada, ni tampoco contra la MP Navarro, que extrajo las 100 carpetas de la investigación para llevársela a la oficina del Subprocurador de SEIDO.
Fue ahí, cuando Salas Chávez, desglosó lo relativo a lavado de Dinero de los dueños de “Diversión Garantizada”, S.A. de C.V. y se la asignó al célebre MP apodado “El Tarzán”, quien en mayo de este año fue señalado como el que se robó las joyas confiscadas y puestas a disposición en la Coordinación Territorial 2 de Coyoacán.
El despacho de abogados que ha venido defendiendo a los Fridman, es ni más ni menos que el despacho de Lozano Gracia, Chávez Chávez y Fernández de Ceballos. Situación que, por supuesto, en el caso de Salas Chávez le redituó mucho dinero, ya que estuvo sólo un año y 6 meses y a los 6 meses ya había comprado una casa en Coyoacán y al término de su encargo compró otra en el Fraccionamiento Burgos de Cuernavaca.
En los pasillos de la SEIDO se comentaba que Salas Chávez había reinstaurado “el entre”, una práctica corrupta, que había desterrado la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez, cuando fue Subprocuradora de SEIDO y que consiste en pedir un 20 por ciento de la cantidad mensual que les asignaban para gastos de investigación a cada una de las Unidades, ya que tienen márgenes menos estrictos para su comprobación.
Tuve una reunión con Areli Gómez y le hice saber todas las irregularidades que se estaban suscitando en SEIDO, pero tampoco me hizo caso.
La única titular de unidad que se resistió para entrar en las corruptelas de Salas Chávez fue la titular de UEIMPO, la Maestra Adriana Lizárraga, y muy caro lo pagó, ya que Salas Chávez le hizo la vida imposible, buscaba cualquier pretexto para despedirla, hasta que ya no aguantó más y renunció.
Inmediatamente, Salas Chávez nombró en ese puesto a Mireya Gómez, que no sabía nada de trata, ni de tráfico de migrantes.
Hoy Mireya Gómez es la flamante Fiscal de Narcomenudeo de la PGJCDMX, cuando hace poco se dio a conocer un video en el que un jefe de grupo y un agente de investigación criminal recibieron dinero de unos “dealers” del Cartel de la Unión.
Y de todo este relato, falta incluir el papel que ha jugado el Poder Judicial Federal, que a través de un amparo, primero retiró la delincuencia organizada, y en un segundo amparo decidió que el delito con mayor castigo subsume al menor, y le quitaron la trata.
Ésta para mí es una clara muestra que las víctimas no les importan a quienes imparten justicia desde el derecho patriarcal, tanto Salas Chávez, como su camarilla de maleantes. Y cómo el Órgano de Control Interno de la PGR, la Secretaría de la Función Pública, y el Poder Judicial Federal, se desquitan de la que fue honrada, honesta y comprometida con perseguir los delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada.
Logramos que la PGR ofreciera una recompensa de tres millones de pesos a quien o quienes proporcionen información para la localización y detención de María Alejandra de Pavía Monteagudo, probable responsable de los delitos de trata de personas y delincuencia organizada, responsable del reclutamiento y manejo de las mujeres víctimas de trata y explotación sexual y en cuanto sale publicada la recompensa, se aparecen oportunistas que, como siempre, se quieren aprovechar del trabajo de quienes hemos estado al tanto de las causas penales y de las averiguaciones previas y hemos dado la pelea durante las apelaciones, amparos y recursos de revisión.
Cinco años han pasado dese que la Fiscal de Trata de la Ciudad de México invadió competencias, y lo sigue haciendo, con el caso de las mujeres coreanas y ahora, hace poco, con el caso “Zona Divas”, con su afán protagónico, y sin llegar nunca hasta los verdaderos tratantes.
Hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Internacional contra la Trata y nosotras tenemos muy poco que conmemorar, discursos vacíos, pocas sentencias, y las que hay sólo son de 15 años, pocos fondos para combatir y prevenir los delitos en materia de trata de personas y mucho menos para proteger y asistir a las víctimas.
El gobierno electo tampoco es garantía, ya que no ha hecho una sola mención sobre el grave y creciente delito de trata de personas y las distintas formas y modalidades de explotación, con la única excepción de la exministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero. (Teresa C. Ulloa Ziáurri)