Tristeza, rabia, indignación y la esperanza de un futuro mejor, fueron algunos de los múltiples sentimientos expresados en la sesión especial de la Cámara de Diputados dedicada a analizar la compleja realidad de violencia que afecta a las mujeres en nuestro país.

En representación de las/os solicitantes de la sesión especial, abrió el debate la diputada Loreto Carvajal (PPD) quien dijo permitirse hablar “por 18 mujeres que no están acá ni nos van a escuchar porque fueron asesinadas este año”.

La legisladora sostuvo que la definición de femicidio hoy “se queda corta”, porque la mujer no solo tiene posibilidades de ser asesinada dentro de su hogar, sino que en cualquier lugar, “por el solo hecho de ser mujer”. Estimó que la muerte de 18 mujeres no solo habla de un número, sino que de un fenómeno social que no se ha sabido abordar y del cual “no nos hemos hecho cargo”.

“Estas cifras revelan que tenemos un alto grado de tolerancia hacia la violencia a la mujer en cualquiera de sus formas; una violencia que no solo llega al asesinato, sino que se refleja en la desigualdad que a diario viven miles de mujeres en distintas situaciones (…).Necesitamos suma urgencia para la ley que define y declara a la mujer libre de violencia; también modificar la ley que define al femicidio y lo extiende. Presidio perpetuo para quienes han cometido femicidios”, sentenció la parlamentaria.

El interés y la preocupación por el tema fue manifestado a través de las intervenciones de un amplio número de legisladoras y legisladores. Cada uno trajo a la Sala la triste memoria de casos ocurridos en nuestro país, al tiempo que remarcaron la necesidad de realizar cambios profundos en nuestra sociedad, que frenen esta violencia y terminen con la discriminación hacia la mujer.

Resoluciones

Al término de la sesión, la Sala aprobó, en forma unánime, cinco resoluciones.

La primera llama al Ejecutivo a dar urgencia a las mociones que sancionan el acoso sexual en escenarios educativos; que tipifican el delito de acoso u hostigamiento por medios informáticos; sobre acoso sexual en los ámbitos educacional y laboral; sobre acoso sexual en el ámbito académico, y que tipifican el acoso sexual callejero.

La segunda resolución solicita al Presidente establecer políticas de prevención de la violencia contra la mujer desde la educación temprana en la primera infancia; reforzar las campañas comunicacionales para acelerar el cambio cultural y el consenso social respecto de la tolerancia cero a la violencia contra la mujer; mejorar la gestión de las instituciones competentes para la prevención y protección de las víctimas y para la persecución y sanción de los agresores; crear un registro único y un sistema de medición continua de mujeres víctimas de violencia; y acompañar a la mujer para el inicio de una nueva vida libre de violencia con políticas concretas que permitan su autonomía económica, entre otros puntos.

La siguiente resolución pide al jefe de Estado dar continuidad a la línea de prevención de los centros de la mujer en todo Chile durante 2018 y su incorporación como programa permanente en la ley de presupuestos.

La cuarta resolución solicita al Presidente y a los titulares de siete carteras crear un programa integral para la alerta temprana y prevención de la violencia contra las mujeres.

Finalmente, la quinta resolución requiere al Mandatario restablecer la suma urgencia del proyecto que consagra el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, y tramitar con urgencia los proyectos que inhabilitan a los condenados por faltas o delitos de violencia intrafamiliar para ejercer cargos públicos, y la ley Gabriela, que extiende la definición de femicidio.

Además, se pidió definir protocolos de denuncia ante el Ministerio Público, policías y tribunales de familia, que ofrezcan a las víctimas métodos simples y efectivos de denuncias que protejan su integridad y dignidad con un eficaz marco de protección y ayuda. Asimismo, se pidió la creación de programas de educación que promuevan principios de igualdad de género, no discriminación y prevención.

Fuente: Cámara de Diputados

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Source: El Ciudadano