35.000 casos registrados de desapariciones en un país como México suena un poco demasiado, y la verdad es que lo es, pero lo más preocupante es que realmente “nadie sabe” que porcentaje de esas desapariciones es culpa de las autoridades del país. O al menos esto es lo que dice un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México: Jan Jarab. En conversación con BBC Mundo, Jarab habla sobre el comunicado que emitió la ONU desde su sede en Ginebra, donde se señalan “fuertes indicios” de que alguna de las fuerzas de seguridad mexicanas tiene que ver con la desaparición forzada de 23 personas en el área de Nuevo Laredo, al noreste del país.
Ante esto, el gobierno de México quiso responder anunciando una investigación, además de indicar que revisará los casos de desapariciones en conjunto con la oficina de la ONU, atendiendo a los familiares de las víctimas. Jarab toma este compromiso como algo muy bueno, pero si advierte que espera avances “en un tiempo relativamente breve”, además de pedir que los responsables sean sancionados a la brevedad, sin importar si son militares. Por último, confirma que los testimonios de víctimas dan para apuntar a la Marina como culpable. “Ese será el criterio del éxito: ver también avances en la investigación a los responsables”, sostiene.
Sin culpables, pero con sospechosos
Sobre el caso de Nuevo Laredo se ha hablado mucho, Jarab concretamente dice que es “un caso emblemático” para México. “Sabemos que el registro oficial de desapariciones ya tiene más de 35 mil casos de desapariciones. No sabemos, nadie sabe, cuál porcentaje de estas desapariciones son forzadas por las autoridades y cuántas son las desapariciones por particulares. Lo de Nuevo Laredo es diferente a los demás casos, por el hecho de que se trata ya de por lo menos 26 casos documentados por nuestra oficina desde febrero”, dice Jarab, quien también explica que en tan solo una semana ya hay 3 nuevos desaparecidos.
Respecto a los “fuertes indicios” de los que hablaba el comunicado desde Ginebra, Jarab cuenta que: “La oficina expresó que los testimonios de los familiares de las víctimas señalan las fuerzas federales. Y sí, se trata concretamente de la Marina. Esto se confirmó en la reunión con las autoridades, los testimonios de las familias de las víctimas que están señalando la Marina”.
Aún así, el representante de la ONU deja claro que el esfuerzo de llegar a determinar la autoría de los hechos es trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR)-más específicamente de la fiscalía especializada para las desapariciones-. Esto hace que ni él, ni la oficina de la ONU pueden dictaminar culpabilidad.
En cuanto a la reacción del gobierno mexicano, Jarab deja claro que las familias ” no tuvieron esta respuesta rápida, diligente en la investigación”. A pesar de eso considera el desarrollo de la investigación como “positivo” y habla de una importante reunión que se tuvo en Nuevo Laredo junto “al subsecretario de Gobernación, al fiscal especial para las desapariciones de la PGR, al comisionado nacional de búsqueda. Todos asumieron el compromiso de que se va a desarrollar una investigación enérgica, que no se va a proteger a ningún perpetrador, incluida la Secretaría de Marina, como se destacó de manera explícita.”
“Las autoridades centrales escucharon por cuatro horas los testimonios desgarradores de las familias, de cómo fueron desaparecidos sus familiares, cómo las autoridades en Tamaulipas por semanas se han negado a investigar diligentemente, cómo les intentaron desalentar o incluso las amenazas que han recibido”, dijo Jarab sobre la reunión.
La guerra contra el crimen organizado
El contexto mexicano es bastante malo en este momento, más de 200.000 personas han sido asesinadas desde 2006, el año en que México le declaró la guerra al crimen organizado. En la campaña electoral de este año ya han muerto más de 100 políticos asesinados. Cifras alarmantes, pero que al menos encienden una alerta. “Me parece que sí hay una creciente atención internacional, por lo menos del sistema de derechos humanos”, dice Jarab. “En 2005 y 2006 los índices de homicidios en México estaban a sus niveles históricamente más bajos y en 11 o 12 años se triplicaron. Hoy están a sus niveles más altos”.
Respecto a la estrategia del gobierno mexicano de ocupar a las Fuerzas Armadas en esta pelea contra el crimen organizado, Jarab tiene una opinión bastante fuerte, diciendo que deberían revisar esa política: “Nuestra oficina desde 2007 advirtió que la utilización de las Fuerzas Armadas puede resultar en violaciones de los derechos humanos, que por el carácter de su preparación no son idóneas para hacer tareas de seguridad pública. La década siguiente confirmó por desgracia que tuvo razón. Por eso nuestra oficina también se opuso a la adopción en diciembre de una ley de seguridad interior que legalice y petrifique esta situación”.
Sobre los pasos a seguir en esta investigación, dice que: “Hay cuatro prioridades: primero, búsqueda y saber el paradero; segundo, investigación y sanción a los responsables, quien sea; tercero, protección de familiares y testigos, también la reparación; y cuarto, las garantías de no repetición, no solo en Nuevo Laredo. Ese será el criterio del éxito: ver también avances en la investigación a los responsables. Sean quien sean los perpetradores”, dijo para culminar el representante de la ONU, haciendo clara alusión a una presunta culpa de parte de la Marina.
Source: UPSOCL
