La Defensoría del Pueblo de Colombia registra 23 desplazamientos masivos y 6.892 personas afectadas, en lo que va del año 2018.
Siete de estos eventos se presentaron en mes y medio (del 1 de marzo al 15 de abril) en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Valle del Cauca, con un total 3.189 personas desplazadas (1.030 familias)
79 por ciento de los desplazamientos se produjeron en la región del Catatumbo, a causa del conflicto armado en los municipios de El Tarra, Hacarí y San Calixto del departamento de Norte de Santander.
Los constantes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), y las amenazas a la población civil, han obligado a la comunidad a implementar Espacios Humanitarios de Protección (EHP) para resguardar su vida, libertad e integridad personal. Calculan que 2.693 personas (913 familias) de esta zona han sido desplazadas.
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Derechos Humanos no son garantizados
En la región del Catatumbo se interrumpieron las clases en los colegios, por el riesgo que genera para los estudiantes el dirigirse a los centros educativos.
Mientras que en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño y Risaralda se han producido graves afectaciones a las comunidades étnicas por la falta de acceso a alimentos, riesgos de reclutamiento y violencia sexual, así como amenazas y presiones a sus autoridades.
La situación humanitaria se ha agudizado en el departamento de Risaralda, toda vez que se presentó el desplazamiento de toda la comunidad de Lloraudó, compuesta por 30 personas (6 familias), del resguardo indígena Gitó Dokabú, ubicado en el municipio de Pueblo Rico, por la presencia de un grupo armado ilegal no identificado.
De igual manera, se ha presentado restricción a la movilidad que interrumpe las actividades económicas por la distribución de panfletos amenazantes, el cierre del comercio y el establecimiento de un paro armado
Situaciones de Confinamiento
Durante el mes de marzo y abril, se presentaron dos confinamientos en los departamentos de Valle del Cauca (Buenaventura) y Chocó (Medio Atrato).
En Buenaventura, en la región del Bajo Calima, más de 600 personas de 10 Comunidades (Villa Estela, el Nueve, las Brisas, la Estrella, la Colonia, San Isidro, la Esperanza, Ceibito, Guadual y Trojita) se encuentran en situación de confinamiento, poniendo en riesgo el mínimo vital de la población.
De igual manera, 104 personas de las comunidades de los resguardos indígenas La Pava y Bacao en el municipio de Medio Atrato, se encuentran confinadas por la presencia de miembros del ELN, impidiendo prácticas ancestrales.
En riesgo potencial
La Defensoría del Pueblo ha identificado situaciones de riesgo de desplazamiento en entornos urbanos como el sector suroccidental del área metropolitana de Medellín y en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá.
En el departamento de Putumayo, municipio de Puerto Caicedo, existe riesgo contra los líderes comunitarios, toda vez que 5 de ellos, pertenecientes al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), recibieron amenazas vía telefónicas, causando su desplazamiento y el de sus familias.
De acuerdo para la agencia de la ONU para los refugiados en 2016, Colombia superó a Siria como país con más desplazamiento forzado interno, con 6,9 millones de personas en las últimas tres décadas que abandonaron sus hogares por la violencia, lo que representa el 14 por ciento de su población.
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Source: El Ciudadano