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Bajo un amplio despliegue de seguridad, los 11 magistrados que deciden la suerte de Lula comenzaron a votar en el Supremo Tribunal Federal. Hasta el momento, votaron tres jueces: Edson Fachin y Alexandre de Moraes, en contra de Lula; y Gilmar Mendes, a favor.
Fachin, instructor del caso Petrobras, afirmó hoy que el eventual encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a doce años de prisión, no supondría “ninguna ilegalidad”.
Fachin fue el primero de los once jueces del Supremo que tomó la palabra en una audiencia en la que se analiza un “habeas corpus” que ha presentado la defensa de Lula para intentar evitar su prisión, después de que haber sido hallado culpable por dos tribunales.
El instructor recordó que la propia Corte Suprema, en 2016, ya declaró constitucional que una pena comience a ser ejecutada una vez que se ratifique en segunda instancia, lo que es el caso del ex mandatario, por lo que recomendó que el “habeas corpus” sea negado.
En su acción, la defensa de Lula sostiene que nadie puede ir a prisión mientras resten apelaciones, que en su caso pasarían aún por el Superior Tribunal de Justicia y la propia Corte Suprema.
Según Fachin, un recurso de esa naturaleza sólo puede concederse “en favor de alguien que tenga amenazada su libertad por alguna ilegalidad o abuso de poder”, lo que “no es el caso”, agregó. “No cabe considerar ilegal, amenaza o abuso de poder dos fallos” de tribunales de primera y segunda instancia, sostuvo.
El juez Gilmar Mendes, en cambio, respaldó el habeas corpus presentado por el ex mandatario. En su argumentación, recordó que, al deliberar sobre la prisión tras condenas en segunda instancia, el STF decidió que la medida era “posible” y no de adopción automática.
Para el magistrado, que asumió su puesto bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, el ex presidente Lula deberá cumplir su pena sólo después de un fallo en su contra en todas las apelaciones posibles. Para él, sólo en casos como homicidios o tráfico de drogas es necesaria la encarcelación antes de haber agotado todos los recursos, “para garantizar el orden público y la aplicación de la ley penal”.
El tercero en votar fue Alexandre de Moraes, que enfatizó que la decisión del STJ que se cuestiona en el habeas corpus se basó íntegramente en la actual jurisprudencia. “La posibilidad de prisión después de la condena en segunda instancia resultó en efectiva lucha contra la corrupción”, afirmó al votar en contra del ex mandatario.
Luís Roberto Barroso, que votó en contra de Lula, recordó los efectos fatales que la desviación de recursos públicos por corruptos causa a la población, como las muertes en filas de hospitales y carreteras mal conservadas. “Un sistema judicial que no funciona hace que la gente cree que el crimen compensa”, dijo.
De hecho, para argumentar su voto enumeró homicidio de gran repercusión, como los asesinatos de la periodista Sandra Gomide, de la diputada Ceci Cunha y de la misionera Dorothy Stang, entre otros, en que los culpables recurrieron los fallos durante años mientras permanecían en libertad. “La justicia es el alimento del alma”, afirmó.
En la causa penal a que se refiere el “habeas corpus”, una de las siete en que responde ante los tribunales, Lula fue hallado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en la estatal Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista.
En primera instancia, Lula fue condenado a nueve años de cárcel, que fueron ampliados a doce en la segunda instancia.
La defensa de Lula ha negado todos los cargos y afirmado que su cliente es víctima de una “persecución política” que intenta impedir que vuelva al poder, meta que se ha trazado para las elecciones de octubre próximo, a pesar de normas que impiden postular a cualquier cargo electivo a los condenados en segunda instancia.
La sesión comenzó bajo estrictas medidas de seguridad, frente a la posibilidad de que tanto partidarios como adversarios de Lula se manifiesten en las calles de Brasilia, que en esta jornada tienen un refuerzo de 4.000 policías.
Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades separaron a ambos bandos con vallas metálicas y cerraron el tránsito en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra todos los edificios del poder público y en uno de cuyos extremos están el Palacio presidencial, el Parlamento y la sede del Supremo.
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Source: Infobae
