CIUDAD DE MÉXICO
La falta de información, de coordinación y de sistematización hacen del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) una herramienta poco eficaz para combatir el problema que afecta a miles de familias en México.
Lo anterior es la conclusión del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que presentó hoy su diagnóstico sobre el RNPED, en espera de que estas deficiencias se corrijan tras la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.
De acuerdo con este registro, que se actualiza periódicamente con cortes trimestrales, actualmente en el país hay 34 mil 660 personas en México cuyo paradero es desconocido.
Sin embargo, en estos datos no se distinguen entre personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo a aquellas víctimas de desaparición forzada, apuntó Michael Chamberlin, coordinador de la publicación, que ha contado con el apoyo del programa Enfoque DH de la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID).
El RNPED consta de dos bases de datos, según sean casos del fuero federal y del fuero común.
Cada una de ellas recopila diferentes informaciones (por ejemplo, en la del fuero común no aparecen los nombres de las personas) y por tanto quedan desvinculadas, lo que refleja, según el subdirector del centro, que no exista una “política clara” en la materia.
En el lapso analizado por el reporte, desde el 31 de octubre de 2014 hasta el 31 de enero de 2017, el número de personas en el RNPED aumentó en una media de 9 individuos por día.
Uno de los puntos que señala el reporte como preocupantes son los motivos por los que se puede dar de baja a una persona en el registro, que van más allá de localizar a la persona con vida o sin ella.
Un registro también se puede dar de baja, alerta el documento, si el Ministerio Público considera posible que se haya cometido otro delito, como secuestro o trata de personas.
Desde el centro constataron que hay algunos casos que aparecen mal documentados y que con el tiempo continúan incompletos, lo que les hace pensar que no hay una investigación eficaz.
Karina Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que el RNPED refleja una situación “paradójica”.
Es el desarrollo político acerca de un fenómeno que no se quiere reconocer. Parecería que las bases de datos se han hecho para evitar una serie de reclamos por parte de instituciones de derechos humanos, pero no hay voluntad real para hacer del registro una herramienta útil para las familias”, agregó.
La investigadora de la UNAM dijo que “no es un registro de desapariciones, sino de causas penales“, y como tal, “reproduce los tipos de problemas que vemos en el sistema de justicia”.
Las carencias del RNPED ya fueron señaladas en un informe de seguimiento elaborado en 2015 por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
En ese documento, el organismo resaltó con preocupación la “falta de información estadística precisa” sobre las desapariciones forzadas, lo que dificulta la adopción de políticas públicas al respecto.
Chamberlin esperó que el nuevo registro que se haga en el marco de la nueva ley “sí sirva, se enfoque en las víctimas y sirva para entender el fenómeno de las desapariciones”.
Como recomendaciones, el informe propone que los registros no se den de baja ni se retiren, sino que se reclasifique el tipo de desaparición o el estado, y que la información sea actualizada en tiempo real y no de manera periódica.
Además pide, entre otras acciones, definir un formato único para obtener datos que ayuden en la búsqueda de personas, que se amplíen los criterios de clasificación y que lo recopilado esté disponible de forma pública.
chg
Source: Excelsior
